Zacatecas. Experto invitado a la UAZ, Vicente Vargas, ilustra con el caso de Iguala, Guerrero

La nación, en vilo, por los 43 estudiantes desaparecidos

Para Vicente Vargas Martínez, director del Observatorio de Desarrollo Regional y consultor especializado en temas de gobernabilidad,  el Estado mexicano, como eje rector y ejecutor del imperio de la ley,  ha dejado un vacío que redunda en la ingobernabilidad.

Ello, según explicó, por su incapacidad para poder ser gestor, promotor e impulsor del bien social,  y se ha limitado a dejar un espacio en el que la inseguridad y el abuso de todos los órdenes –social, político, económico y de seguridad-, han llevado a hechos como los de Iguala, en Guerrero.

 En su opinión, las “torpezas del Estado mexicano” están lejos de acabar y por ello el panorama es difícil. Los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa  –aseveró– son la olla de presión que mantiene en vilo a la nación. En ese tenor, el experto en el tema de conflictos sociales comparó este momento con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde él  mismo participó como negociador de paz.

 La memoria de los mexicanos es muy frágil y “hoy se asombra por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos, mientras que olvida y no se escandalizó de la misma manera ni nacional ni internacionalmente por los  300 muertos del municipio San Fernando, Tamaulipas”, afirmó  el conferencista invitado.

Anfitriones de la disertación, fueron el  director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Rubén del Pozo Mendoza; el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Zacatecas, Demetrio Góngora Flemate,  así como docentes y estudiantes del plantel universitario sede.

Expuso, Con base en un plan de inteligencia de su autoría, la conferencia magistral “Redes de Gestión y Monitoreo de Riesgos del Entorno Social”, con un enfoque de que sea el Estado Mexicano el que cumpla con sus responsabilidades, inclusive por encima de las empresas, lo cual radicó especialmente a la industria minera.

Durante su exposición, el invitado detalló cómo el plan de gestión fundamentado en el Modelo de Intervención para Mejorar el Entorno Social y de Seguridad puede ayudar a las empresas mineras a poner sus expectativas de éxito en la promoción social, obtener una mayor licencia social y, al mismo tiempo, a lidiar de manera definitiva con la serie de problemas en que se ven envueltas ante la falta de gobernabilidad en los municipios en donde están asentadas.

Lo primero que recomienda este plan  a las empresas de extracción –indicó el conferenciante– es no apropiarse de las obligaciones del Estado al resolver los problemas sociales que aquejan a las comunidades o a los municipios.  Más bien, deben actuar como gestoras ante los gobiernos correspondientes, municipal, estatal y federal, con el fin de no contribuir a fomentar la inestabilidad social. Y advirtió: al asumir obligaciones del Estado se crea una dependencia enfermiza entre el entorno social y las empresas.

De manera inicial, el plan contempla el  conocimiento del entorno en el que se desenvuelve la empresa,  a través de un programa de inteligencia para  conocer las circunstancias y las necesidades sociales que rodean a la comunidad y al municipio. Después,  mediante variables, se hace una estimación y una propuesta de cómo atacar el problema. “Es de nodal importancia saber de primera mano el círculo de problemas que aquejan a las empresas asentadas en las comunidades”, puntualizó el conferenciante.

Este Modelo de Intervención para Mejorar el Entorno Social y de Seguridad –dijo el experto– incluye medidas muy concretas orientadas a restaurar tejido social: “Se basa en el establecimiento de una red única que ha operado exitosamente en las regiones más peligrosas del país, como Tierra Caliente y Costa Infiernillo en Michoacán, o  el Triángulo Dorado, en Tamaulipas”.

Mediante un gestor comunitario contratado, que ingresa y se establece en territorio difícil,  se crean relaciones de confianza en las comunidades. De esa  manera –continuó–  “podemos monitorear la sensibilidad social en torno a la empresa y, al mismo tiempo,  evaluar el clima de violencia e inseguridad, que va desde secuestros, tráfico de drogas y robos, hasta las manifestaciones y animadversión hacia las compañías extractoras, como es el caso”.