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nuevaSCJNZacatecas. 12 empresas han pagado el impuesto ecológico desde 2017; existen 13 amparos indirectos, promovidos por 21 empresas, informan secretarios general y de Finanzas

Los Impuestos Ecológicos de Zacatecas serán un precedente para el federalismo fiscal de México, dado que avanzan hacia la descentralización de las políticas hacendarias del país y establecerán el saneamiento del ecosistema como norma social, afirmaron los secretarios General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, y de Finanzas, Jorge Miranda Castro.

Explicaron que este gravamen será el legado del gobernador Alejandro Tello que enriquecerá el federalismo hacendario y a las políticas de remediación ambiental.

Lo anterior, agregaron, debido a que el gravamen validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no viola las atribuciones constitucionales del Congreso de la Unión y de la Federación en materia de aprovechamiento de recursos minerales ni de medio ambiente.

Por el contrario, el gravamen pretende destinarse al saneamiento del ecosistema, por causantes como la emisión de gases a la atmósfera, contaminación del suelo, subsuelo y del agua, depósito o almacenamiento de residuos, y por la extracción de minerales.

Sin embargo, este 11 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluará si ninguna de estas cuatro aplicaciones del impuesto interfiere con competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Federal, aclaró Miranda Castro.

El secretario también advirtió que el impuesto no se destinará hacia el gasto corriente o incrementos salariales, aunque originalmente sí se concibió para generar empleo y reducir la violencia social, por lo que habrá que esperar la resolución final de la SCJN, dijo.

Las prioridades del gravamen fiscal, adelantó, son contar con recursos que permitan atender las necesidades y derechos de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Asimismo, se incentivarán cambios en la conducta de las personas en favor de la salud pública y del ecosistema, a través de la educación, y se desalentarán las emisiones de contaminantes, haciendo pagar a los contaminadores en proporción a sus emisiones.

“La idea también es desarrollar nuevas actividades económicas que permitan a poblaciones, con cierre de operaciones de minas, disponer de herramientas para continuar con su desarrollo económico”, expresó Miranda Castro.

INICIA PROCESO DE RECONCILIACIÓN CON GRUPOS SOCIALES Y EMPRESARIALES: SALAS

Ahora que la SCJN validó el Impuesto Ecológico de Zacatecas, inicia un proceso de reconciliación y unidad entre los grupos civiles y empresariales del estado, con el fin de promover las políticas necesarias que alienten el desarrollo económico de la entidad, informó el secretario general de Gobierno, Jehú Salas Dávila.

“Dejar en claro las potestades que tiene Zacatecas para establecer dicho tipo de impuestos, es un punto de partida para generar conciliación y diálogo con empresas, sociedad, sindicatos y otros grupos que intervengan de manera directa e indirecta en el tema”, dijo.

Con base en esto, el Gobierno del Estado se declaró listo para conocer las opiniones de todos los actores sociales sobre el tema, ya que el impuesto no busca la desaparición de empleos, sino lo contrario, un crecimiento económico socialmente responsable, agregó el secretario de Finanzas, Jorge Miranda.

Algunos de los proyectos iniciales para comenzar con la aplicación del impuesto, una vez que termine de ser validado por la SCJN, es la apertura de nuevos rellenos sanitarios municipales o regionales, ya que actualmente sólo se cuenta con seis de estos, siendo un problema ecológico.

Cabe señalar que, hasta la fecha, 12 empresas han pagado el impuesto desde su aplicación, en 2017, independientemente de que éste se encontrara en controversia ante el Poder Judicial, lo que aporta una suma de 12 a 15 millones de pesos por ejercicio fiscal.

Por otra parte, existen 13 amparos indirectos, promovidos por 21 empresas, los cuales se encuentran en la Segunda Sala de la SCJN y se revisarán individualmente.

Miranda Castro adelantó que existen casos que podrían resolverse favorablemente para Gobierno del Estado, mientras que en las resoluciones contrarias, existe la ventaja de elaborar las correcciones de manera inmediata, acorde a los lineamientos de la sentencia judicial.

De esta manera, anunciaron, el gobierno de Alejandro Tello construye las bases para una nueva política fiscal que empodere a la entidad y cuente con las atribuciones suficientes para emprender su desarrollo social y económico a partir de sus propias partidas presupuestales.

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