Inseguridad, el problema más urgente de atender en el estado, seguido por salud, desempleo y pobreza: Jenny González, investigadora de la UAZ
Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Derecho (UAD) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), fue sede del Foro Temático de Consulta para la Integración del Plan de Desarrollo 2022-2027, en el que participaron académicos de la unidad y distintas personalidades de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.
Durante el foro, la docente investigadora de la máxima casa de estudios, Jenny González Arenas, al presentar su ponencia “Construcción de cultura de paz”, aseveró que es preocupante la crisis que enfrenta Zacatecas en materia de seguridad pública, ya que, de ser la segunda entidad más segura en el país, ahora es una de las más inseguras.
“Dicha situación se ve claramente reflejada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, cuya medición establece que el 86.1 por ciento de la población de Zacatecas mayor de 18 años se siente insegura en su ciudad y, lamentablemente Fresnillo ocupa un penoso primer lugar a nivel nacional en donde el 94.3 por ciento de su población se siente insegura en su ciudad”.
González Arenas explicó que, en el estado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, “la cifra negra de delitos denunciados señala que sólo se denunció el 8.3% de los delitos, de los cuales solo el 60.1% inició una carpeta de investigación, lo que en términos generales significa que del 100 % de los delitos cometidos en el Estado solo el 5 % iniciaron una carpeta de investigación. Mientras que la media nacional es del 10.1%”.
Esta situación, detalló la también especialista en derechos humanos, impacta directamente en el derecho al desarrollo de los zacatecanos, en la misma encuesta “ciudadanos de 18 años en adelante, consideran que el problema más urgente de atender es el de la inseguridad, seguido por la salud, el desempleo y la pobreza. Temas todos relacionados con los derechos humanos y con el diseño de políticas públicas adecuadas para que la percepción de la sociedad cambie”.
Ante el panorama descrito, la docente universitaria planteó una propuesta de acción y solución, no antes aludiendo a que es necesario propiciar un escenario donde todas las personas se desarrollen de forma armónica a través de estrategias de promoción de la paz. “Para poder implementar una política pública adecuada de construcción de paz, es ineludible que se generen primero las condiciones óptimas que sirvan como base o cimientos sobre los cuales se edificará la cultura de paz”.
Construcción de cultura de paz
En ese contexto, la investigadora dio a conocer su propuesta de “Educación para la paz”, determinada por tres niveles o líneas de acción que son: sistema de educación obligatorio; fomento de actividades complementarias no ligadas al sistema educativo; y capacitación permanente de los servidores públicos en todos los niveles.
El primero, dijo, va encaminado a incorporar a los programas de estudio el fomento a la solución de conflictos de forma pacífica, el respeto, la tolerancia, la cooperación, el pluralismo, y que estas, además, vayan poco a poco también incorporándose al entorno familiar.
“En este punto, el sistema educativo se torna en factor decisivo, por lo que es de vital importancia incentivar al sector docente, no solo con capacitaciones, sino con un trato justo y respeto a sus derechos laborales, para que sean ellos el canal que conduzca a todo el sector de educación obligatoria por el camino de la cultura de paz”, subrayó.
En el segundo punto, comentó la académica, “es fundamental que a través del sistema DIF o de las Casas Municipales de Cultura, se implementen talleres y programas de difusión de la cultura de paz, destinados a todos los sectores de la población, donde no se separare a hombres y mujeres o personas de la comunidad LGTBI, eso no abona a la tolerancia ni a la solución pacífica de conflictos”.
En tanto, el tercer aspecto, involucra a los agentes del Estado que, como servidores públicos deben de desprenderse de la imagen de figura de autoridad y ser empáticos con la sociedad, “porque no se debe perder de vista que un servidor público no siempre lo es, ya que en determinado momento se encuentra en los zapatos de los ciudadanos”, resaltó la investigadora de la UAZ.
Finalmente, la especialista en derechos humanos de la Máxima Casa de Estudios refirió que, aunque los resultados no serán medibles de forma inmediata en dicha estrategia, se espera “abordar el problema desde el hogar, indirectamente a través de la escuela, en el centro escolar, así como en espacios de convivencia social como barrios, colonias y comunidades, y en la relación de la ciudadanía con el Estado”.
“Los recursos humanos con los que cuentan la entidad para implementar esta estrategia se encuentran en las universidades públicas, que son quienes en su mayoría ya están siendo formados en la cultura de paz a través de diversos programas transversales y diplomados que se han implementado y se siguen efectuando, solo hace falta la coordinación real entre el Ente Gubernamental y las Universidades Públicas que permitan que estos conocimientos bajen del nivel universitario a los demás niveles de educación obligatoria”, recalcó la académica, Jenny González Arenas.
