Zacatecas. La secretaria general Fabiola Torres comprometió revisión de la SFP del actuar de servidores y alteración de evidencia

Al comparecer ante el Poder Legislativo del estado, la secretaria general de Gobierno Fabiola Torres Rodríguez aceptó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) abra una investigación a fondo para revisar si se incurrió en abuso de autoridad contra habitantes del poblado minero de Salaverna, Mazapil, y reconsideró su postura de total rechazo a la recomendación  de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEZ), al aceptar tres de los ocho puntos solicitados por el organismo.

En el intercambio de posturas y cuestionamientos, se mantuvo el entredicho generado por un desplazamiento forzado de habitantes, que sostiene el organismo autónomo y la evacuación voluntaria por riesgo de vidas en esa comunidad, versión gubernamental. Saltó ahí de entre los diputados la pregunta de si los trabajadores de la mina no estarían en el mismo riesgo de las familias y por qué en ese caso no se protege la vida de 200 mineros.

Otros aspectos relevantes fueron el argumento de Torres de que la acción de evacuación obedeció a la alerta del Centro Nacional de Prevención de Desastres, emitida en septiembre del año pasado, y ante lo cual no podrían ser omisos. Asimismo, causó desconcierto el que la funcionaria no supiera de dónde procedía la maquinaria que usaron para demoler los inmuebles, ya que el gobierno no la contrató. Todo indicó que la minera participó directamente en la demolición, según la propia funcionaria que emitió un razonamiento en ese sentido.

En el recinto legislativo decenas de habitantes de esa localidad de Mazapil, escucharon los planteamientos de ambas partes y mostraron insatisfacción por los resultados, en tanto se trata del depojo de sus tierras para favorecer a la empresa minera y lo que se consiguió no tiene que ver con el fondo del problema.

ANTECEDENTES

El 23 de diciembre del año pasado, la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), trataron de evacuar la comunidad aledaña a la explotación de la minera Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim, con el argumento de fallas geológicas que podrían provocar una tragedia, para lo cual cerraron los accesos a fin de impedir el ingreso de habitantes, y procedieron a la demolición de casas, muchas ya deshabitadas, escuela primaria y templo, últimos en  desuso, según la versión de la servidora pública.

Tras los hechos, en julio pasado, fue emitida una recomendación de la CDHEZ, misma que fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al considerar que fue un exceso el impedir el libre tránsito de las personas. No obstante, la SGG rechazó las demás causales.

ARGUMENTOS DE TORRES

La funcionaria precisó inicialmente y de acuerdo al formato establecido, los porqués del rechazo a la recomendación de ocho puntos que le hizo la CDHEZ.  Solo aceptó la obligación que se tendría con una de las quejosas, para reparar el daño en calidad de víctima, en tanto su vivienda se demolió y, asimismo, cuando cedió, ya avanzada la comparecencia, a aceptar los puntos que recomiendan la capacitación en materia de derechos humanos al personal de Protección Civil  y policías que intervinieron, así como para brindar apoyo psicológico a personas afectadas.

Torres Rodríguez justificó su derecho, con base en la ley, bajo consideraciones jurídicas, a no aceptar el grueso de las recomendaciones acordadas para el caso. En ese sentido, aseveró que ya existen cuatro estudios medibles y cuantificables que sustentan desde 2012 los riesgos de hundimiento y fallas en el subsuelo en Salaverna, que ponen en riesgo la vida de los habitantes, por lo que ya desde entonces fueron reubicadas 44 familias al Nuevo Salaverna.

Mencionó los antecedentes que ya hubo de movimientos y fracturas en el subsuelo, pero sostuvo que el uso de explosivos de la minera no está afectando a la comunidad, por la profundidad a que trabaja, sostenido esto en un dictamen municipal emitido en el 2010.

La secretaria Torres rebatió la recomendación de inscribir en el registro estatal de víctimas e indemnizar a personas de seis familias, ya que siguen habitando sus domicilios en la comunidad, tras resistirse a abandonar sus casas.

Negó que el operativo haya sido un desplazamiento forzado de los habitantes, ya que, dijo, fue una evacuación voluntaria en la que el objetivo fue salvaguardar la integridad de los habitantes.

SEÑALAMIENTOS DE LOS DIPUTADOS

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Lorena Oropeza, denunció la desaparición de evidencia importante presuntamente a manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que debe investigarse y proceder en consecuencia.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Medina Lizalde, por su parte destacó que por primera vez la CDHEZ demuestra autonomía y no ser un apéndice de la voluntad del gobernante en turno. Alegó la violación a los derechos humanos que impidió la libertad de tránsito e impugnó la autoría de dictámenes que favorecen a la compañía minera Frisco Tayahua, a la que acusó de un manejo irresponsable de explosivos.

Asimismo Medina justificó el seguimiento de oficio de este caso por parte del organismo defensor de los Derechos Humanos, en tanto sus propios visitadores y actuarios dieron seguimiento. Demandó más altura y que el asunto sea tratado jurídicamente, sin lanzar acusaciones, ni perderse en irrelevancias o dimes y diretes de índole personal.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Julia Olguín, hizo la pregunta concreta de si la funcionaria haría alguna reconsideración a su postura de rechazo total a las ocho recomendaciones emitidas por la CDHEZ, lo que en su momento hizo que la funcionaria rectificara en dos de las mismas, ya antes expuestas en este texto.

En su momento, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos,  coincidió respecto a la violación que significó el cierre de las calles; así como la falta de la orden de un juez para desalojar a las familias; la notificación y la destrucción de viviendas, escuela e iglesia, ambas el mismo día; y el despojo implícito de su patrimonio.

El legislador Santiago Domínguez planteó si el Gobierno del Estado también ha actuado a favor de la protección de los derechos humanos de los trabajadores de la mina Salaverna, ya que la falla geológica afectaría a toda la zona y como que no encuadra la urgencia y preocupación de las autoridades con el mismo énfasis, si fuera el caso. Recordó la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila.

RESPUESTAS DE TORRES

En cuanto a los estudios levantados que demuestran el riesgo de mayores hundimientos y fracturas en el subsuelo, Torres Rodríguez, mencionó el levantamiento en 2010 por parte de la Unidad de Ciencias de la Tierra, por parte de Luis Olvera Rosas; en 2012, un estudio solicitado por la Diócesis, otro efectuado por un profesional canadiense y otro por la propia minera Tayahua en 2012, que insistió, demuestran una grieta bastante grande y un daño estructural de consideración.

La compareciente también señaló que el 12 de septiembre del año pasado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) notificó al gobierno la situación de riesgo de las familias, por lo que fue una de las primeras tareas que abordó desde su nueva función al frente de la Secretaría.

La funcionaria ofreció que se someterán a una revisión de la Secretaría de la Función Pública para analizar su hubo abuso de autoridad de los servidores públicos que intervinieron y en su caso se acatarán los resultados. Desconozco, dijo, si hubo alteración de evidencia por parte de la policía, pero formará parte de la investigación.