Legisladores

IMG 6959Senadores de ambos partidos anuncian campaña informativa para impedir que se "engañe a los ciudadanos"

 

Ciudad de México.- “El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) empodera a los ciudadanos y fortalece las instituciones del Estado Mexicano para prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y empresas que reciben dinero público”, aseguró Carlos Puente Salas, Ccoordinador de los senadores Ecologistas.

El coordinador verde, junto con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, y Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, informaron que lanzarán una campaña informativa para que los mexicanos conozcan los alcances y beneficios del Sistema Nacional Anticorrupción.

El coordinador ecologista lamentó las mentiras y descalificaciones que algunos han difundido en contra del SNA. “No vamos a permitir que sigan engañando y desinformando a la sociedad mexicana. La denominada Ley 3 de 3 se aprobó en sus términos”, enfatizó.

Recordó que los senadores del Partido Verde y del PRI escucharon e integraron las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en las leyes anticorrupción.

“Los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y del PRI cumplimos el mandato de las organizaciones de la sociedad civil: dejar a los ciudadanos la elaboración de los formatos de declaración patrimonial y de intereses que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos”, subrayó.

Recalcó que esta propuesta se puede encontrar en la iniciativa que presentaron los ciudadanos, documentos de trabajo, versiones estenográficas y videos que la sociedad mexicana y los medios de comunicación pueden consultar.

El líder parlamentario enlistó algunas de las medidas por las que considera que los ciudadanos, como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, serán los actores principales en el combate a la corrupción: presidirán el SNA; definirán el formato de la declaración patrimonial y de intereses que se utilizará y las versiones públicas; serán la instancia de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, participará en el diseño de la política nacional de combate a la corrupción, entre otras.

“Las senadoras y los senadores del Partido Verde y del PRI confiamos en los ciudadanos para dirigir y coordinar los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción”, señaló.

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Comité de Participación Ciudadana también conocerá la evolución patrimonial de gobernadores, presidentes municipales, legisladores, demás servidores públicos y empresas. Por ello, los servidores públicos y las empresas que reciben dinero público tendrán que presentar su declaración patrimonial y de intereses.

“Por ejemplo, en el caso de un diputado o senador, el Comité tendrán información del empleo o empleos, ingresos, propiedades, cuentas bancarias, que tenía ese senador o diputado antes de ser electo; lo que adquiere durante su encargo y el patrimonio al finalizar su periodo. Entonces si hay un desequilibrio entre su sueldo como senador o diputado respecto a sus propiedades, se detecta e investiga un posible hecho de corrupción”, dijo.

Puente Salas destacó que el SNA construirá la Plataforma Digital Nacional, la cual contará con otros sistemas electrónicos como el de evolución patrimonial, de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas y de denuncias de hechos de corrupción.

El SNA tendrá una base de datos donde se concentrará, compartirá y cruzará información que permita detectar hechos de corrupción. Por otra parte, cada peso público será fiscalizado mediante el Sistema Nacional de Fiscalización.

El senador ecologista señaló que la Ley de Responsabilidades Administrativas estableció un catálogo de conductas graves como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, contratación indebida, tráfico de inflencias y encubrimiento, entre otras. También se estableció uncatálogo de conductas cometidas por empresas como soborno, tráfico de influencias, utilización de información falsa y colusión, entre otras.

“El Sistema Nacional Anticorrupción va contra  los moches, incluso castigará con cárcel a quien cometa este hecho de corrupción”, enfatizó.

En materia penal, el senador señaló que se creó la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, además se reformó el Código Penal Federal para castigar con cárcel a quien cometa hechos de corrupción.

Carlos Puente resaltó que la Fiscalía contará con agentes del ministerio público especializados en combate a la corrupción; asimismo precisó que el Fiscal Anticorrupción será nombrado por el Senado y presentará anualmente al Procurador General de la República un informe sobre sus actividades y resultados, el cual será remitido al Comité Coordinador del SNA.

PRIMER PAQUETE LEGISLATIVO

El coordinador parlamentario explicó que las leyes aprobadas en el periodo extraordinario de sesiones constituyen un primer paquete legislativo para que empiece a funcionar el SNA.

“Estas leyes que aprobamos son un primer paso para que empiece a operar el Sistema. Una vez que entren en vigor, el Senado, dentro de los noventa días siguientes, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El Senado nombrará además al Fiscal Anticorrupción. También está contempaldo reformar otras leyes para integrar por completo el Sistema”, detalló.

Carlos Puente resaltó que se está construyendo un sistema integral de combate a la corrupción, el cual apartir de su funcionamiento se podrán conocer las fallas o aciertos y así mejorarlo.

“Es un sistema ciudadano integral porque privilegiará la coordinación institucional; contará con una plataforma tecnológica que concentrará la información que se genere en el país; la investigación, sustanciación y sanción serán realizadas por autoridades distintas e, incluso, castigará con cárcel a quien cometa hechos de corrupción”, dijo.

Finalmente, el senador zacatecano dijo que el combate a la corrupción es una política de Estado que requiere del compromiso y participación de todas y todos: ciudadanos, clase política, servidores públicos y empresas para acabar con este tema que tanto lastima a México.

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