Gobierno

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Vigente el conflicto por agua, denunciaron comuneros; tienen el respaldo de la CNPA

 

Ciudad de México.-Con el fin de salvaguardar los derechos de la Comunidad Indígena, de sus Tierras, Territorio, Agua y Recursos Naturales, y ante la incapacidad del gobierno estatal para solucionar el conflicto en la zona indígena de Mesa de Palmira y Sierra de Morones en el municipio de Tlaltenango, el Comisariado de Bienes Comunales de Totatic y Cicacalco, exigió la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para solucionar el conflicto por agua y que están ocasionando perjuicios y daños a la comunidad indígena.

Con el respaldo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), los comuneros sostienen, mediante un oficio enviado al Comisionado de la CDI, Jaime Martínez Veloz, que las tierras son de la Comunidad y que están haciendo una acción de despojo y, que no están respetando el derecho a la consulta libre, previa e informada.

Mucho antes que se suscitaran los hechos violentos en aquella región el pasado 04 de octubre con una agresión armada contra los comuneros, se habían presentado denuncias de que había un grupo armado; que muchos de sus integrantes son de otros estados y que se han dedicado a agredir, amenazar y golpear a los Comuneros.

A pesar de las advertencias, la autoridad local ha actuado apoyado con complicidad  con este grupo, pues la maquinaria que utilizan para la perforación de un pozo al que se oponen los comuneros pertenece al gobierno del estado de Zacatecas.

Los comuneros, encabezados por José de Jesús Flores Gordo, Presidente de Bienes Comunales; Ubaldo Pérez García, Secretario; Abraham Costilla Serrano, Tesorero y Roque Sedano Solís, presidente del Consejo de Vigilancia, sostienen que el permiso de la comisión Nacional del Agua (Conagua) se había cancelado, entonces ¿cómo perforaban?... pues si un órgano de la corte resolvió, deberían de haberle notificado que estaba suspendida la concesión y que había imposibilidad material porque se iba a ocasionar un conflicto social de grandes magnitudes, que fue lo que pasó.

A nombre de 22 localidades con una población aproximada de Dos mil 021 habitantes hombres y mujeres, según señala el documento, el lugar donde se pretende perforar un pozo es de tenencia comunal, no particular, razón por la que los habitantes de las comunidades de Mesa de Palmira, Carrizalillo, Cardos y Tierras Moradas se oponen a que dicho pozo se construya.

Refieren asimismo, que en la última reunión que se tuvo con dependencias como la misma Conagua, la Secretaría del Campo (Secampo), la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría Agraria, la Presidencia Municipal y líderes de ambos grupos en conflicto, se acordó que el aso se sometiera a consideración de la Asamblea de Bienes Comunales.

Por ello, los comuneros piden la intervención de la dependencia federal citada, con la voluntad de que este conflicto se resuelva y apegados a los derechos que todo ciudadano tiene, sin que haya un incidente más qué lamentar.

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