Lucía Melgar Palacios/ Transmutaciones
Cimacnoticias
Entre las atrocidades que no deberían suceder en un país de leyes y menos aún quedar impunes, el abuso sexual infantil es una de las más dolorosas. No sólo por el argumento, válido, de que se daña a inocentes sino sobre todo porque una sociedad y un Estado que no son capaces de proteger y respetar a niños y niñas, no respetarán tampoco los Derechos Humanos de hombres y mujeres.
Una de las obligaciones internacionales del Estado mexicano es la protección de la infancia, no en un sentido asistencialista sino en el pleno sentido de respetar sus derechos (a la vida, la integridad, la intimidad, entre otros) y de garantizar su desarrollo físico y mental con acceso a la educación, la salud, y una vida libre de violencia, por sólo nombrar algunas de las condiciones necesarias para el bienestar del ser humano y de la infancia en particular.
Para nuestra vergüenza, lejos de cumplir con el respeto a estos derechos, el Estado mexicano no sólo no ha garantizado una vida libre de violencia a niños y niñas sino que ha tolerado o ignorado múltiples casos de abuso sexual infantil en escuelas, privadas y públicas; es decir, ha permitido que sus instalaciones sean usadas para delinquir y dañar.
Peor, aun sabiendo lo que sucedía, sus agentes del poder judicial han dejado múltiples crímenes sin castigo.
La responsabilidad del Estado mexicano, y de los sucesivos gobiernos desde al menos el año 2000, que no han tomado medidas para prevenir la explotación sexual de la infancia, ni para frenar la pornografía infantil o el turismo sexual, ni, menos, el incesto y el abuso en las familias, se ha hecho de nuevo evidente, y con toda claridad, gracias al trabajo de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) que hace dos semanas publicó el informe “Es un secreto” en que documenta el abuso sexual infantil organizado en 37 escuelas de 7 estados mediante casos documentados durante más de una década.
Con un tono mesurado y un cuidadoso manejo de la información, delicada por tratarse de menores de edad y de violencia extrema, este reporte refiere abusos sexuales, maltrato y violencia física y psicológica que podrían compararse con tortura, y evidencia cómo la impunidad de estos delitos no se debe tanto a la falta de denuncia (que también sucede) como a la incapacidad, ineptitud y falta de preparación de los encargados de “procurar justicia” y, desde luego, a la falta de supervisión y prevención de la SEP que ha permitido que personas que deberían educar, formar y cuidar a niños y niñas hayan en cambio construido redes de explotación sexual infantil en instalaciones públicas (y privadas) con la participación de directoras, supervisores, docentes, entre otros.
El sentido ético con que la ODI maneja la información acerca de estos abusos no impide darse cuenta de la gravedad del daño infligido a las víctimas: cuando hablan de trauma profundo y complejo, se trata de secuelas físicas y psíquicas semejantes a las que provocan la tortura o la guerra en adultos, desde pesadillas hasta ataques de pánico, violencia y agresiones incluso de tipo sexual, y diversos trastornos físicos.
Esto en niños y niñas de entre 3 y 7 años. Golpeados y amenazados. Obligados a agredir a otros. Filmados y fotografiados. Sedados y sacados de la escuela. O abusados en patios, baños y ¡hasta en la propia dirección!. No sólo abusados, aterrorizados. Dañados quizá de por vida en un país donde no hay suficientes especialistas en violencia sexual infantil ni en trauma complejo. En un país donde se normalizan las balaceras y se criminaliza a otros niños que “juegan al narco”.
Si usted se pregunta dónde estaba la SEP, hasta ahora no recibirá respuesta. Si se pregunta dónde estaban las procuradurías o la PGR sepa, como nos informa la ODI, que estas instancias llevan más de veinte años arrastrando los mismos vicios: falta de coordinación entre MP y policía de investigación, carencia de plan de investigación, mal manejo de evidencias y de la información (de modo que la escuela se puede enterar que la están investigando y destruir pruebas) y falta de procedimientos y personal especializado para recoger testimonio de infantes.
Además, el sistema ya ha rechazado denuncias interpuestas en nombre de los niños y niñas y no ha considerado necesario investigar de oficio, aun cuando éstas sean prácticas criminales. La gravedad de estas omisiones y complicidades en los casos documentados por la ODI se hace aún más obvia cuando se recuerdan otros casos de abusos masivos que han quedado impunes como el del asilo de “Mamá Rosa” en Michoacán o el de La Ciudad de los Niños en Guanajuato, u otros, menos conocidos, en la Ciudad de México.
