Manuel  Ibarra Santos

La reforma de fondo de la estructura del Poder Judicial de la Federación y en los Estados, es una de las más altas prioridades que se tienen en la agenda política nacional, para superar la crisis de legalidad que afecta la marcha del país, al registrarse muy poco respeto en el cumplimiento a la Ley, en México y Zacatecas.

Dos personajes zacatecanos serán en esa tarea, protagonistas centrales en el diseño de la arquitectura de la futura reforma del Poder Judicial Federal. Uno de ellos será el actual presidente de la Junta de Coordinador Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, un hombre muy posicionado en el ánimo de López Obrador

El otro es Felipe Borrego Estrada, promotor y precursor en el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio (desde el 2008), un experto constitucionalista, nombrado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Poder Legislativo, como enlace responsable de impulsar la transformación del Poder Judicial Federal. Fue, además, el primer Secretario Técnico a nivel nacional del proceso reforma en la materia. Un conocedor, como pocos, del ámbito jurídico.

Ambos tendrán la responsabilidad de cambiarle el rostro al sistema judicial federal, una tarea nada fácil y si un reto fuerte para estos dos zacatecanos.

En nuestro país, los altos niveles de violencia criminal, inseguridad y corrupción, tienen en la impunidad, la principal fuente que les origina. Hay que cortarle, por lo tanto, la cabeza a la impunidad.

En México, el indicador de impunidad y cifra negra del delito es del 93.7 por ciento, lo que significa que de cien hechos delictivos que se cometen, sólo se denuncian, registran y castigan apenas 6 de ellos. Quizá, por eso, la sociedad le tiene desconfianza a la autoridad.

A eso hay que agregar, los altos niveles de complicidad que algunos magistrados y jueces tienen con el crimen organizado, sin contar la extendida telaraña de nepotismo que dichos funcionarios han tejido por años, lo que sesga, obstruye y deforma los procesos de impartición de justicia penal en nuestra sociedad.   

El Latino/barómetro ilustra con datos empíricos que México es uno de los países de América Latina en donde con mayor fuerza se ha desplomado (al 30%) la confianza ciudadana en su sistema de justicia. Por eso se requiere reformarlo y transformarlo.

UNA REFORMA DE GRAN CALADO EN LA JUSTICIA:

El Poder Judicial Federal, por las circunstancias de ineficacia y corrupción que padece en la actualidad, requiere de una transformación estructural de gran calado.

La última gran reforma que se hizo a la estructura y funciones del Poder Judicial Federal fue en 1995, con los siguientes cambios: 1).-se disminuyó la composición del pleno de la Corte, de 26 ministros a sólo once; 2).-se creó el Consejo de la Judicatura Federal cuya función ha sido vigilar las atribuciones de los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito; 3).-Se descargó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las actividades administrativas que tenía anteriormente; 4).-se re/definió el federalismo en materia de justicia, con la descentralización del trabajo de magistrados y jueces; y 5).-Se actualizó la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en donde se incorporaron criterios más rigurosos a ser considerados para ser integrante en esta área de desempeño público.

Hoy en día se necesita hacer ajustes a la estructura y funciones del Poder Judicial Federal, en particular a la organización del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para adelgazar su gruesa burocracia, para hacerla más eficiente y eficaz.

LOS AJUSTES AL PODER JUDICIAL DE ZACATECAS.

En el caso de la estructura del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJZ), será pertinente, igualmente, someterla a una serie de cambios y transformaciones, a efecto darle viabilidad, ante los reclamos de los tiempos actuales.

Un primer ajuste que se tendrá que hacer, se asocia a la integración del Tribunal Laboral, producto de la reforma a la Ley Federal de Trabajo, que elimina el funcionamiento de la Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Sin un sistema de justicia penal moderno y eficiente, resultará imposible reducir los indicadores de violencia criminal, inseguridad y corrupción.