Manuel Ibarra Santos
El problema de las personas desaparecidas, la mayoría de ellas víctimas de la delincuencia organizada, que en el caso de Zacatecas representan en el 2019 la cifra superior a las 250 (más del 100% que las registradas el pasado año, según los datos oficiales), se ha convertido en tragedia, en pesadilla y en un infierno para las familias que la padecen y en un monumental desafío para el aparato de Estado, el que ha mostrado, por lo menos hasta ahora, incapacidad, carencia de sensibilidad e ineficiencia para atender dicho ilícito.
Para abordar dicha problemática, en Zacatecas se requieren al menos tres acciones fundamentales: 1).-desarrollar capacidad institucional; 2).-la implementación de protocolos efectivos y modernos; y 3).-un marco normativo actualizado que se homologue con el que ya existe a nivel nacional.
En el presente año en Zacatecas el número de personas desaparecidas se disparó de manera alarmante hasta duplicar las cifras en relación a las que se registraron en el 2018. Estos datos por sí solos describen la dimensión de la violencia criminal y el escenario de inseguridad que prevalece en la entidad.
En nuestro contexto, la desaparición forzada de personas es, inequívocamente, una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los derechos humanos.
En México, conforme al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, se reportan más de 40 mil desaparecidos y 37 mil muertos sin identificación alguna de por medio. Zacatecas aporta por lo menos un 2 por ciento del total de los desaparecidos en el país.
Algunas de las entidades de la República que mayor cantidad de desaparecidos reportan, son las siguientes: Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa.
En contra parte, los Estados que menores cantidades de desaparecidos reportan, son los siguientes: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
LAS DEMANDAS SOCIALES SOBRE EL TEMA:
La mayoría de los colectivos vinculados a la lucha para el trato eficiente y adecuado de este problema, demandan de las autoridades cinco compromisos específicos:
1).-Que se implemente correctamente en los Estados La Ley sobre Desaparición Forzada de personas.
2).-Que la búsqueda sea inmediata y se establezcan los protocolos profesionales, modernos y adecuados sobre el particular.
3).-Se proceda a la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense.
4).-Que se trabaje para eliminar la impunidad que persiste en torno a la atención del problema de las personas desaparecidas. Persiste la exigencia de mayor eficiencia por parte de la autoridad en sus diferentes niveles de gobierno.
5).-Que las acciones correspondientes se realicen con la participación de los familiares de los desaparecidos, como una forma, entre otras, para mantener un flujo aceptable de información sobre el avance en las investigaciones de cada uno de los casos.
EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y EL CRIMINAL:
La exigencia ciudadana por un mejor procesamiento y trato de los casos de las personas desaparecidas, se efectúa en un ámbito en que se han incrementado en Zacatecas los indicadores de los delitos de alto impacto.
El Semáforo Delictivo revela que Zacatecas se encuentra en los primeros cinco lugares en relación a la comisión de los delitos de alto impacto, entre los que se consideran los siguientes: homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.
Al mes de octubre, conforme a la misma fuente oficial, en materia de la comisión del delito de secuestro, Zacatecas ocupó uno de los dos primeros lugares en el país.
EL GRAN COMPROMISO INSTITUCIONAL:
En relación al delito de desaparición forzada de personas, en Zacatecas la exigencia ciudadana se centra y enfatiza en la necesidad de profesionalizar el trato institucional de este problema, que se actúe con mayor sensibilidad y se supere la improvisación.
