Manuel Ibarra Santos

Bajo las reglas de una nueva racionalidad que pondrá fin al uso discrecional de los recursos del sector educacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado, en forma gradual, a través de un modelo de prueba, el proceso de federalización de la nómina de los maestros en el país, en una iniciativa histórica que busca poner orden administrativa y financiera en el sistema educativo mexicano, afectado también por las prácticas inerciales de la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción.

La propuesta de federalización de la nómina del magisterio obedece no solamente al reconocimiento de la situación lastimosa que en su manejo se vive en innumerables entidades de la República, sino en respuesta además a la petición que han formulado mandatarios estatales, al verse superados y sacudidos traumáticamente en sus finanzas, por la práctica inconsistente -en ocasiones irregular- del presupuesto destinado al área educativa.

El gobierno de la república ya manifestó su buena disposición de absorber la nómina del magisterio mexicano, para poner orden en su manejo. Pero eso no implica -ya lo aclaró la federación- el compromiso de cargar con los lastres y problemas administrativos que registran algunos sistemas educativos estatales. Previamente habrá de desarrollarse una etapa de evaluación rigurosa para reconocer el costo financiero que se tendrá en cada una de las entidades del país.

De los maestros del subsistema de educación básica en la república (preescolar, primaria y secundaria), el 60 por ciento de ellos son financiados con recursos federalizados, más del 25 por ciento con fuentes estatales y el 10%, con recursos privados. Es decir, casi una cuarta parte de los profesores en la nación son pagados por los estados, de acuerdo a las cifras más actualizadas que aporta la dirección de planeación de la SEP.

Existen entidades federativas como Puebla, Sonora, Estado de México y Guanajuato, entre otras, que aportan más del 50 por ciento de financiamiento de la nómina magisterial. O bien, en el polo opuesto, están casos como el de Oaxaca, Nayarit y/o Tlaxcala, que no aportan ni un peso. En Zacatecas, casi una tercera parte de la nómina lo absorbe el gobierno del Estado.

Especialistas como el educador José Ramón Cárdeno Ortiz, uno de los expertos mexicanos más reconocidos en materia de planeación educativa en la República – con quien hemos, por cierto, platicado en estos días-, admite que será necesario avanzar en el diseño de una especie de FONE/Estatal, para atender la petición de los gobernadores.

EL PLAN PILOTO DE LA NÓMINA MAGISTERIAL

Con un plan piloto, a manera de modelo de prueba, el gobierno de López Obrador inició en Michoacán, el proceso de federalización de la nómina del magisterio en el país, esa entidad en donde su gobernador trae un verdadero desorden y desgarriate en el sector educativo. La etapa de concreción de la propuesta para absorber la nómina de los profesores, no será nada fácil y sí muy compleja. ¿En qué consiste la iniciativa?

Primero, se hará un censo estricto y riguroso escuela por escuela de las pertenecientes al financiamiento estatal, para determinar su situación y requerimientos presupuestales; segundo, se revisará el manejo del gasto educativo, para evaluar la calidad de su aplicación; y tercero, se determinará el nivel de apoyo que se otorgará y bajo qué condiciones.

A la fecha, la fórmula aplicada define que el gobierno de la república paga la nomina de las escuelas federales, mientras que las estatales lo hacen los gobiernos locales mediante transferencias de recursos federalizados.

Las administraciones locales deberán tener claro que con el proceso de federalización de la nómina del magisterio no se les dejará libre para que utilicen discrecionalmente los recursos actualmente utilizados en el pago de salarios a los profesores de escuelas estatales y que son producto, en la mayoría de los casos, de transferencias federalizadas. Qué no se equivoquen los gobernadores.

Por eso, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy preciso y claro: “Los gobiernos estatales serán libres de decidir, si quieren o no que la federación absorba la nómina magisterial”. Y es que será bajo esas condiciones y no otras.

EL CASO PATÉTICO DE ZACATECAS:

Todo parece indicar que Zacatecas será uno de los estados que en su momento determinará avanzar hacia la federalización de la nómina del magisterio. Lo lamentable del caso, es que aquí, por lo menos así se observa, el proceso de negociación estará bajo la conducción de los funcionarios que, en el 2014 y 2015, actuaron irresponsable y criminalmente en la integración de nuestro estado al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). El gobernador Tello, a pesar de la ineficacia que mostraron dichos personajes, decidió premiarlos con puestos importantes en el sector educativo zacatecano. Una fatalidad que se repite.