Opinión

cráteresMinería, pueblos y medio ambiente

Filomeno Pinedo Rojas

Sin conocer cuál será el resultado de la negociación, que apenas comenzó con el desbloqueo de la Mina Peñasquito en Mazapil, una cosa queda clara: GoldCorp acudió a la mesa, con la mediación de la Secretaría de Gobernación, donde las partes en pugna y el Gobierno Federal, firmaron una hoja de ruta que puede sentar un precedente para la solución de conflictos sociales.

En ese tira y afloja, los intereses en juego son muy fuertes. Del lado de la empresa estamos hablando de un consorcio internacional que cuenta con muchas explotaciones mineras en el país, varias de ellas en el estado de Zacatecas. El sector minero metalúrgico es estratégico para México, no solo por el volumen de producción de metales que tienen una demanda interna y en el mundo, entre ellos Oro y Plata, sino también por el número de empleos directos que genera y que asciende a 370 Mil, y alrededor de Un Millón 700 Mil de indirectos.

Históricamente Zacatecas ha sido asociado con la explotación minera. Para el 2016, según el Servicio Geológico Mexicano, existían 2,263 títulos o concesiones que amparan Un Millón 679 Mil 458 hectáreas equivalentes a más del 22 por ciento del territorio estatal. En el mismo año, el valor de la producción minera de la entidad fue de 63 Mil 323 Millones de Pesos, que es casi 3 veces el presupuesto gubernamental, y además prácticamente no paga impuestos.

Las mineras zacatecanas, en el 2017 produjeron 22 toneladas de Oro, 15 de ellas en Mazapil. De Plata se obtuvieron 2,449 toneladas, de las cuales casi 1,168 las aportó el municipio de Fresnillo y 684 Mazapil. Esto da idea del poder económico e influencia política con que cuentan los empresarios de este sector, por cierto, varios de ellos canadienses y norteamericanos.

Estos empresarios cuentan con otra fortaleza al establecerse en el Artículo 6 de la Ley Minera que, “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.” Esto significa que las leyes ambientales, agrarias o de patrimonio histórico y cultural, tienen rango inferior, por lo que, aunque está probado que en Chalchiuites y Salaverna se ha provocado daño ambiental, pueden seguir operando.

Por otra parte, la inconformidad social surgida desde hace años, especialmente en la región de Mazapil, por la destrucción y desalojo de Salaverna, el daño al medio ambiente y fuentes de agua de las comunidades aledañas como Cedros, entre otros motivos, y al “maltrato” de los prestadores de servicios de transporte de carga, derivó en el firme movimiento social que bloqueó a la mina Peñasquito, provocando la ruda respuesta de la empresa y una pobre y anonadada reacción del Gobierno del Estado que no aprovechó la coyuntura ni para presionar por el impuesto al daño ecológico. Por ello hubo de intervenir la Secretaría de Gobernación, sentando a las partes hasta llevarlas a negociar y firmar el compromiso de llegar a un acuerdo que tranquilice el ambiente político y social.

Así es como a primera vista ganan los intereses de GoldCorp y se desbloquea antes de continuar la negociación, pero también ganan los ejidatarios y transportistas bloqueadores al sentar en la mesa a la minera que hasta días antes se resistía de manera soberbia a dialogar. El camino se allanó, ahora se puede avanzar. No es el caso de la mina San Martín, aquí en el estado, que ya va para 12 años en huelga.

Lo que también queda claro es que nadie estará sentado en esa mesa para defender los intereses que tienen que ver con el deterioro del medio ambiente. Ni Semarnat, ni Gobierno del Estado, ni algún movimiento social defensor de la ecología y la explotación minera sustentable. Y es que la minería a cielo abierto aquí y donde sea, no puede actuar sin dañar. Eso todos lo saben y por tanto parece que el hábitat de la región será el principal perdedor y con ello, las generaciones que siguen, como siempre. Para muestra, aquí cerca, Real de Ángeles.

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