Opinión

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David Monreal Ávila

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que JP Morgan, HSBC y Mizuho Securities, expresaron su confianza hacia el Gobierno de México con un acuerdo para refinanciar la deuda y abrir dos líneas de crédito por 8 mil millones de dólares para Pemex.

La empresa productiva del estado se ha convertido en la petrolera más endeudada del mundo, en buena parte, por una estrategia de abandono que pretendía quebrar sus finanzas para rematarla a la iniciativa privada, mismo plan que se siguió con las compañías nacionales de teléfonos, ferrocarriles y la industria acerera.

Como parte de la estrategia de rescate de Pemex, el Gobierno de México ha comenzado a dar mantenimiento a las seis refinerías existentes, y plantea una inversión de 25 mil millones de pesos para ellas en dos años. Además, la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Veracruz, es prácticamente un hecho, y comenzará el próximo 2 de junio, con un presupuesto que ronda los 8 mil millones de dólares. 

Además del combate al robo de combustible que ya reporta importantes rendimientos, se tiene contemplado elevar la productividad de gasolinas hasta llegar a ser autosuficientes para el mes de mayo del año 2022, según proyecciones oficiales.

Al inicio del presente sexenio, las refinerías trabajaban al 30% de su capacidad, y en menos de 6 meses ya operan aproximadamente al 35%, según datos de la misma presidencia; y se estima que podrán operar hasta el 90% de su capacidad.

Tomando en cuenta que la séptima refinería llegará a producir 300 mil barriles diarios, la capacidad de Pemex llegaría a los 800 mil barriles diarios, que es equivalente a la demanda nacional, con lo que se lograría la autosuficiencia en gasolinas.

En ese sentido, la Cámara de Diputados apoyará estas acciones a través de reformas legales que mejoren la situación financiera de Pemex y aligeren su carga fiscal, con el fin de tener los recursos suficientes para invertir en las zonas petroleras del país e incrementar la producción de hidrocarburos.

Asimismo, Rocío Nahle, Secretaria Energía, pidió a las calificadoras de riesgo que sean “responsables y serias" al evaluar a Pemex, y tomar en cuenta los esfuerzos que está haciendo el gobierno mexicano para que la empresa cumpla con sus inversiones y compromisos financieros.

Como se prometió a la sociedad mexicana, la cuarta transformación tiene el objetivo de acabar totalmente con el régimen de complicidad entre la clase político-empresarial, por lo que se sigue trabajando para separar al poder político del económico, y generar un gobierno democrático que trabaje exclusivamente para generar bienestar en las familias y empresas mexicanas.

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