Opinión
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Teresa C. Ulloa Ziáurriz/ Mujeres Cautivas

Cimacnoticias

Es de llamar la atención la visión del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien considera que con el ejemplo puede cambiar la realidad que ha azotado a nuestro país, en la que la violencia contra las mujeres, la corrupción, la impunidad, la delincuencia organizada y el neoliberalismo se resuelven por decreto.

Hoy, ni más ni menos, decretó que el neoliberalismo se terminaba, como si no fuera un sistema económico mundial. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (es decir, del Estado benefactor), y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años 20 y la de la década de 1970.

Y efectivamente, lo que se está intentando construir en México es un Estado benefactor, como solución a los problemas que nos aquejan.

El populismo apela al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales bajas y sin privilegios económicos o políticos. Suele basar su estructura en la denuncia constante de los males que encarnan las clases privilegiadas. Los líderes populistas, por lo tanto, se presentan como redentores de los humildes.

Y hasta ahí, tal vez siempre ha sido su compromiso: “por el bien de todos, primero los pobres”; sin embargo, eso de acabar con la corrupción con el ejemplo, eso, creo que está más difícil y prueba de ello son tantos funcionarios sin las calificaciones que se han enquistado en puestos de su gobierno y si bajamos a los gobiernos de los estados, las cosas son todavía peores, o tantos que se han enquistado en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Acabar con la impunidad no es un tema que se pueda hacer desde la presidencia, ya que la Fiscalía General de la República es autónoma y el Poder Judicial es un poder distinto al del presidente.

También hace unos días lo oí decir que daba por terminada la guerra contra el narcotráfico, pero las desapariciones, los levantones, el secuestro y el tráfico de drogas no han terminado, sino por el contrario, han aumentado.

Pero un tema grave, donde se ha demostrado falta de conocimiento y compromiso es el del feminicidio y la violencia contra las mujeres. Y el plan emergente que presentaron, es más de lo mismo, ni siquiera se contempla erradicar los estereotipos de género y abrir los esfuerzos a medidas inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo. Ni siquiera se reconoce que el feminicidio se ha convertido en una pandemia que le arrebata cada día la vida a 9.46 mujeres.

Escuché que el presidente hablaba de la sociedad civil organizada como un grupo de intermediarios, y que este año iba a darles los fondos presupuestados a los refugios, pero que ya el próximo año no.

Yo no entiendo cómo un apoyo económico va a salvar la vida de las mujeres violentadas y sus hijas e hijos. Es un poco utópico, ya que sí, a lo mejor necesitan apoyos económicos, pero primero y antes que otra cosa, debe protegerse su vida y recibir la atención médica y psicológica que necesitan. ¿Cómo se van a tramitar los apoyos? ¿Cuándo les va a llegar? ¿Tendrán que presentar denuncia para recibir el apoyo?

Yo sólo quiero recordarle al presidente que la Ley General de Víctimas dice en su Artículo 4 que:

“…La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo...”

Y yo le quiero decir que las compañeras que atienden los Refugios son profesionistas especializadas que brindan una atención y protección a las víctimas que lo necesitan, ni somos de derecha y nuestro trabajo beneficia justamente a las mujeres más pobres y a sus hijas e hijos.

En nuestro caso, y en el mío particular, cumplo 50 años de estar en la lucha social de nuestro país, en la izquierda. Defensoras Populares cumple 25 años de prevenir y asistir jurídicamente a las víctimas de todas las formas de violencia y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, cumple 15 años que se constituyó legalmente en nuestro país.  Siempre hemos servido a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que están en condiciones de exclusión social y que ni en sueños podrían acceder a un servicio jurídico especializado, como el que brindamos.

Y le bastaron 100 días al presidente López Obrador para acabar con nosotras y dejar en estado de indefensión a todas las víctimas que atendemos, un poco más de 300 cada año, víctimas de todas las formas extremas de violencia, incluyendo los delitos en materia de trata de personas, en todo el país y fuera de él. 

Del gobierno federal recibíamos 300 mil pesos cada año y no contamos ni con inmuebles, ni nos dieron una millonada. Cada año concursábamos ese dinero y rendíamos cuentas y los gastos se nos revisaban con lupa, como sucedía con todas las organizaciones que presentaban proyectos en el Programa de Coinversión Social.

Y tendríamos que reconocer que, efectivamente, hay personas que han recibido muchos millones de pesos del gobierno federal y han hecho grandes negocios utilizando a las víctimas. Lo que es cierto es que no todas somos así y en todo caso, que sancionen a las que lo han hecho.

Vale la pena recordar que en el compromiso de la Unión Europea con la sociedad civil, se dice:

“…Una sociedad civil capaz es un componente crucial de cualquier sistema democrático y constituye una baza en sí misma. Representa y fomenta el pluralismo y puede contribuir a unas políticas más efectivas, un desarrollo equitativo y sostenible y un crecimiento integrador. Constituye un actor importante en la promoción de la paz y en la resolución de conflictos. Al articular las preocupaciones de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil operan en la esfera pública, tomando parte en iniciativas que refuerzan la democracia participativa. Encarnan una demanda creciente de una gobernanza transparente y responsable…”

Esta frase puede sintetizar el pensar de un gran número de gobiernos de países democráticos hacia la sociedad civil desde hace décadas, por lo que su incorporación a la definición de políticas públicas es cada vez más extensa y siempre necesaria. En los últimos años han sido muchos los cambios: la sociedad civil es reconocida como un actor con voz y derecho propios; el número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha aumentado y su papel se ha ido adaptando a nuevas realidades (de ser prestadoras de servicios y sustituir al Estado en algunos casos, a desarrollar acciones en nuevos sectores, a ser elementos de sensibilización de la sociedad hacia los cambios, formar parte de la toma de decisiones o ser organizaciones que obligan a la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, etcétera). Hoy, en muchas partes del mundo, es innegable la importancia de las OSC en todos estos campos y sobre todo su peso de cara a la formación de políticas públicas. Su participación en espacios de poder es un hecho y, por lo tanto, se han ido generando mecanismos de incorporación de las OSC en las decisiones.

Los gobiernos democráticos no pueden darse el lujo de no incorporar a las OSC en su toma de decisiones pues éstas aglutinan y movilizan a un gran número de ciudadanos, dan voz a aquellos que no la tienen por sí mismos, fomentan la innovación, son creadores de opiniones (como los movimientos antiliberalización comercial) o de una mayor conciencia medioambiental, y son potentes generadores de cambio, como lo hemos visto en la llamada “Primavera árabe”.

¿Qué lugar y qué papel jugará la sociedad civil organizada en el gobierno del presidente López Obrador?

*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: @CATWLAC

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