Opinión

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Natalia Vidales

SemMéxico

La nueva ley que prohíbe el pago de pensiones a los ex mandatarios, así como que ningún servidor público gane más que el titular del ejecutivo federal no ha tenido el efecto deseado --y expresamente pedido-- por su promotor, el presidente electo López Obrador, quien hace apenas unos días se quejaba de que no se divulgaba esa importante noticia y que fue promesa de su campaña.

Las razones de esa indiferencia son muy sencillas: el disgusto público por las pensiones obedecía a que eran obra de la dictadura perfecta y de los abusos del PRI del siglo pasado; pero una vez llegada la alternancia dejó de significar un privilegio exclusivo.

Además, de los cinco ex presidentes actuales, solo dos (Echeverría y Fox) cobran sus pensiones de 205 mil pesos mensuales cada uno; así como las viudas de López Portillo (Alejandra Acimovic, más conocida por su nombre artístico de Sasha Montenegro, y de Miguel de la Madrid, Paloma Cordero Tapia) quienes reciben solo la mitad.

Salinas y Zedillo renunciaron a esas partidas, aunque reciben sus emolumentos legales como funcionarios pensionados del Banco de México; y Calderón dona la suya a una asociación de lucha contra el cáncer infantil.

El tema, pues, vino a menos cuando la cuenta de los 60 millones de pesos anuales que costaban los ex presidentes no fueron tales, sino en realidad cantidades menores y una parte de ellas para viudas y para niños enfermos (esa enorme cantidad, además, fue inflada con gastos de escoltas de protección y demás que continuarán teniendo los ex mandatarios).

La ley emitida por el Congreso de la Unión que puso fin a la pensiones y que acordó el tope máximo de salarios, para cuya entrada en vigor es menester su publicación fue ordenada al Director General del Diario Oficial de la Federación por el presidente del Senado Martí Batres Guadarrama, la semana pasada, en un hecho sin precedentes tras la omisión del Ejecutivo de enviarla (y a quien corresponde en primera instancia), pero ya sin perjuicio absoluto de las relaciones entre esos poderes en virtud de los días contados que le restan a Peña Nieto en Los Pinos, y la estrecha cercanía que se avecina.

Paradójicamente la iniciativa a esta nueva ley fue promovida por el PAN y aprobada en el Senado hace nueve años, pero en la Cámara Baja la entonces oposición política la mandó a la congeladora. No fue, pues, una oposición que actuó con responsabilidad.

Sin embargo, la negativa de Peña Nieto a mandarla publicar, aunque inútilmente, es una muestra de que quien sabe si la sucesión presidencial del primero de diciembre sea tan tersa como se supone. Porque luego de los aparentes buenos modos de AMLO vinieron dos hechos que los desmienten: la cancelación del nuevo aeropuerto en la CDMX (obra emblemática del régimen saliente); y la declaración de que el nuevo Tratado de Libre Comercio era, en lo fundamental, obra suya y no de Peña Nieto (con el cual éste cerraría con broche de oro su sexenio). Y, así, al menos un hielo glacial estará presente en la ceremonia.

Peña Nieto debería de estar prevenido contra AMLO, y tener preparado algún as bajo la manga (aunque ya no parece quedarle ninguna) para contrarrestar una posible puntilla política suya --si por la víspera sacamos el día-- durante el mismísimo traspaso de la banda nacional del próximo primero de diciembre, ya a la vuelta de la esquina.

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