Silvia Núñez Esquer/Mujer Sonora

Cimacnoticias

Este 6 de agosto se cumplieron 4 años del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora y Río Bacanuchi, en el estado de Sonora.

La defensora de Derechos Humanos ambientales, Rosa María O´leary, interpuso la primera denuncia ciudadana por este hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 28 de octubre de 2015.

El magno envenenamiento de aguas dulces fue perpetrado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, quien hasta la fecha no ha sido responsabilizado por autoridades judiciales por los daños ocasionados a las personas y al medio ambiente.

La única acción visible fue la configuración de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para indemnizar a las y los afectados.

Dicho beneficio consistió en la entrega de 15 mil pesos y un tinaco de marca Rotoplás, instalar plantas potabilizadoras con tecnología para separar los metales pesados, -pues los pozos de los que tomaban agua directamente resultaron afectados- y resarcir las afectaciones en la salud.

El fideicomiso se extinguió en febrero pasado, sin que se hayan instalado las plantas purificadoras de agua, ni se haya instalado un hospital de alta especialidad en la zona de los pueblos del Río Sonora, y la remediación del río como lo demandaban sus habitantes. Solo el dinero y el tinaco fueron entregados.

Ante la ausencia de respuesta, la denunciante contra la minera Buenavista del Cobre de Grupo México y autoridades que resulten responsables por complicidad ante su negligencia, acudió a dar seguimiento el 16 de agosto de 2017.

Sin embargo la recibieron con una serie de justificaciones, como son el cambio en el sistema de justicia del tradicional al oral.

La verdad es que las personas que atendieron su gestión, no estaban enteradas ni conocían la posibilidad de que una ciudadana, una persona en lo individual pudiera denunciar ante esa institución.

Rosa María O´leary atendió la invitación que hizo la PGR para que la ciudadanía aprovechara la modalidad de denuncia ciudadana formal, para lo cual instalaron una mesa de atención, citaron a los medios de comunicación y se dispusieron a recibir las denuncias. Fue O´leary la única persona que se presentó a formalizar una denuncia penal.

En octubre de 2015 argumentaba la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de tóxicos derramados en el cauce de los ríos Bacanuchi y Río Sonora, provenientes de la mina Buena Vista del Cobre, concesionada a Grupo México.

En la denuncia se especifica que dicho envenenamiento afectó a los municipios de Cananea, Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. Sin embargo, arbitrariamente los municipios de Cananea, Bacoachi y Hermosillo, no se contemplaron oficialmente dentro de los afectados. 

De igual forma se denuncia que tanto Grupo México, como las autoridades involucradas se prestaron a la formación de un fideicomiso de dos mil millones de pesos para resarcir los daños, instalar las plantas tratadoras de agua y el hospital de especialidades para las personas afectadas.

“La Secretaría de Economía, de Salud, del Trabajo, de Aguas Nacionales, Semarnat, Profepa, autoridades gubernamentales municipales y federales, hacen caso omiso de los daños ocasionados a nuestro pueblo y exigen pruebas costosísimas, que no correspondería a las víctimas asumir”, dice el documento.

La denuncia exige que se investigue y se finque las responsabilidades correspondientes pues el fideicomiso no cumplió a cabalidad lo prometido, tanto a la empresa como a las autoridades por omisión o comisión pues no cumplieron con garantizar un ambiente sano.

La ruta crítica seguida por esta ciudadana, deja mucho qué desear de las autoridades. La seriedad de las herramientas que la PGR y en general el sistema de justicia para que la ciudadanía pueda expresar sus denuncias y éstas tengan eco se ponen en duda, hasta parecería una broma.

Para muestra, están las acciones de seguimiento a las que nos permitió acompañarla. En primer lugar la denuncia ante la PGR se interpuso delante de los medios para que se publicara el mecanismo, y la foto de rigor en cumplimiento del anuncio el 28 de octubre de 2015.

En dos años, Rosa María O´leary no tuvo noticia de su denuncia, hasta que un día le notificaron que ya había resolución de la PGR en el sentido de que no había sanción. Nada decían de las razones de ésta, por lo que decidió apersonarse y dar seguimiento el 16 de agosto de 2017.

Con sorpresa, el personal le comentó que no sabía de ese mecanismo de denuncia. Como un favor llamaron a las oficinas de la CDMX para indagar, y les respondieron que ahí estaba el expediente y que dados los cambios en el sistema penal, estaba en trámite.

Posteriormente al acudir a dar seguimiento, la atendió otro personal mismo que también indagó en la Ciudad de México, vía telefónica, y la respuesta es que había “un relajo” porque después del sismo de 19 de septiembre de 2017, habían tenido que cambiarse de lugar, y tendrían qué ubicarlo.

Sin embargo, le recomendaron que fuera a defensoría de oficio de la PGR para que le ayudaran a responder jurídicamente, pero no estaban seguros del edificio en el que se encuentra.

Después de ubicarlo geográficamente con un recorrido de varias oficinas, en diversos domicilios, le respondieron que ahí no era la instancia adecuada.

Le recomendaron ir a la delegación Sonora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que le orientaran, pues por el caso tal vez tenía calidad de víctima.

En mayo de 2018 acudió a la CEAV en donde tampoco tenían claro si podían apoyarla. No obstante, le asistieron jurídicamente para interponer un recurso, mismo que ya fue contestado negando su calidad de víctima, por lo que no procedía tal recurso.

Finalmente el 2 de agosto de 2018, acudió a los juzgados federales a interponer un amparo, todo ello con la respectiva inversión de tiempo y dinero personales.

Esa es la ruta que las y los ciudadanos deben seguir, mientras a cuatro años del derrame de tóxicos en el río Sonora, por la mina Buenavista de Grupo México, ha tenido como respuesta la absolución, y la premiación con más concesiones mineras.

Pero ahí está Rosa María O´leary para dar seguimiento a su denuncia penal ciudadana. Ahí con su andar lento, pero seguro, para intentar obligar a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones. Y si no, esperarles en los tribunales internacionales.

**Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora