Porfirio Muñoz Ledo
La Cuarta Trasformación del país -como la ha llamado el candidato electo y virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, implicará cambios fundamentales en el orden constitucional del país. Primero habrán de proponerse las modificaciones indispensables para cumplir los compromisos de campaña que han sido ratificados por una abrumadora mayoría popular. Cuando el gobierno se consolide como portador de consensos nacionales, habrá que pensar en una reforma integral de la Carta Magna, que no excluye la convocatoria a un Congreso Constituyente. Ese sería el inicio de la Nueva República anunciada.
Un requisito indispensable que se ha soslayado, es que en las democracias el Congreso es el órgano creador y reformador del Estado. Desde luego, sus decisiones deberán estar regidas por la mayoría política y en su caso por la negociación con las fuerzas minoritarias. Necesitamos entender que el fenómeno político de hoy nos obliga a legislar con celeridad y pertinencia a efecto de viabilizar el cambio, que no podría ser confinado a decretos ejecutivos –eficaces tal vez, pero de corto alcance-.
Es necesario restablecer un diálogo abierto, transparente y eficaz entre los Poderes de la Unión. Por razones políticas circunstanciales se canceló la interlocución pública entre el Legislativo y el Ejecutivo, al punto que intereses serviles autorizaron al Presidente de la República a no asistir al Congreso, cancelando el ejercicio de rendición de cuentas por excelencia en los países democráticos.
Es impensable que en los Estados Unidos no asista el Ejecutivo a la apertura del Congreso para pronunciar el Discurso de la Unión, que afirma al mismo tiempo su autoridad sobre la nación y la primacía original del poder Legislativo. Incluso en las monarquías constitucionales se exige generalmente la presencia del Rey o de la Reina en el acto inaugural del parlamento. Por desgracia en el caso de México la transición abortada condujo al desorden político y a la degradación de los actos republicanos. A partir de la interpelación al Presidente Miguel de la Madrid de 1988 que liquidó el mito presidencial, se inició un periodo contestatario en el que la oposición parlamentaria tenía como deber fundamental repudiar el fraude electoral. Entramos entonces en un conflicto de legitimidad, ya que las fuerzas políticas agraviadas que representaban la mayoría social dejaron de aceptar las reglas prevalecientes del sistema.
En 1997, gracias a las reformas electorales que el gobierno tuvo que admitir, logramos una mayoría de oposición en el Congreso y abrogamos la potestad del PRI como partido hegemónico en la representación nacional. Dimos una lección democrática respondiendo al Ejecutivo con dignidad, pero sin ofender su investidura. El desmantelamiento institucional, promovido por los gobiernos irresponsables del PAN, fue simbolizado en 2006 cuando en medio de un escándalo parlamentario y la protesta social tomó posesión Felipe Calderón. Desde entonces el mensaje presidencial del primero de septiembre se suprimió para instaurar los monólogos del poder con los actores privados, como una suplantación mediática de los valores históricos.
La coyuntura actual hace posible la restauración de las relaciones de mutuo respeto entre los poderes federales y los órdenes de gobierno. Consideramos esencial que el Presidente de la República asista a la inauguración del período de sesiones del Congreso para la restauración de un régimen democrático y civilizado. La primera de las transformaciones es la del Legislativo. Antes de la toma de posesión tendremos que discutir y aprobar una nueva ley del Congreso. Los principios de austeridad y transparencia han sido violentados sistemáticamente por la partidocracia imperante en las cámaras. El saneamiento de estas instituciones que ahora reflejan y replican la corrupción de la clase gobernante es indispensable.
La conversión moral es relativamente sencilla, ya que el partido que combate programáticamente todo género de corruptelas ha llegado al poder, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Las tentaciones abiertas a los nuevos legisladores son innumerables: presidencias de comisiones que llegan a 102 y que hacen posible remuneraciones y plazas complementarias, las varias instituciones de estudios que permiten la colocación de adeptos y sobre todo la persistencia corruptora de una Junta de Coordinación Política, que es el lavadero oculto de las canonjías. La reforma de la República pasa por la reforma del Congreso.
