PORFIRIO MUÑOZ LEDO
La semana anterior estuve en la hermana Ciudad de Guatemala a fin de participar en un evento organizado por organizaciones civiles y entidades académicas sobre la debatida cuestión de la renta básica. El tema es de gran envergadura cuando se contempla el bajo desempeño de nuestro país en crecimiento económico, corrupción, clientelismo, transparencia y abatimiento de los salarios. Habría que evitar la demagogia tanto como el plagio ideológico, como ocurre con la propuesta del “Frente Amplio Ciudadano”, antifaz del PAN, cuya bancada votó en contra de esa iniciativa en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. El análisis tiene que ser severo y la propuesta clara.
La realidad de nuestro país es que el salario mínimo, que aumentó de 80.04 a 88.36 pesos diarios, no alcanza para cubrir el valor de una casta básica alimentaria, calculada en al menos 95.24 pesos. Coneval afirma que ocho millones de trabajadores subsisten con un ingreso equivalente al salario mínimo, por lo que el 88% de ellos vive en pobreza y el restante 12% en pobreza extrema. La CEPAL indica que México se ubica entre los 18 países con mayor pobreza en la región y es uno de los tres donde más se ha incrementado; señala que 62 millones de mexicanos se encuentran por debajo de la “línea de bienestar”.
Resulta indispensable arrancar al Banco de México la prerrogativa de establecer salarios de miseria por decreto. Además, y no en vez de, es necesario instaurar una renta básica universal para todos los habitantes que no pueden subsistir por sus propios medios. Se trata de una prestación a cargo del gobierno que garantiza universalmente el derecho a la existencia. Beneficio conocido también como ingreso garantizado, renta mínima o salario social. Idea gestada en la Revolución Francesa como base de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que tuvo su desarrollo teórico en 1889 por el Nobel de la Paz León Bourgeois, expresado en la necesidad de corregir un sistema social injusto del que los más pobres no son responsables.
Durante la Gran Depresión dicho concepto fue recogido en el modelo keynesiano que sentenció: “El mayor problema de las sociedades ha sido la pobreza”. El memorándum de 1969, “La triple Revolución”, firmado por Linus Pauling y Gunnar Myrdal, postuló con firmeza una propuesta de ingreso garantizado: “Cada individuo tiene un derecho de participación mínima en la producción de la sociedad. Todas las personas, trabajen o no, deben recibir lo que necesitan básicamente para mantenerse, pero no recibirán menos”.
Después de tres décadas de desastre neoliberal, vuelve al primer plano de la preocupación mundial el tema de un ingreso recibido “porque se existe”. Canadá, Nueva Zelanda y Escocia han iniciado el proceso en esa dirección. Finlandia, España, Francia y los Países Bajos han instaurado esa política de modo abierto. Naciones con potencialidades similares a las nuestras como India, Argentina y Chile, e incluso por debajo como Uruguay, Costa Rica y Namibia han comenzado a experimentar varios tipos básicos de ingreso. Bajo un sistema singular, consistente en etiquetar la renta petrolera para financiar la prestación, Alaska ha alcanzado niveles considerables de igualdad social. Por su parte Brasil, en el tiempo de Lula, legisló sobre un beneficio universal y gradual, “de acuerdo con las posibilidades del presupuesto y comenzando por los más pobres”.
En 2006 el Coneval propuso que “para reducir la pobreza en México se debería aplicar un esquema de renta básica” y sugirió el que opera en España, que la concibe como una asignación monetaria incondicional a “toda la población adulta, esté empleada o no”. La institución que pudimos consagrar en la Constitución de la Ciudad de México, a pesar de todas las oposiciones, es un “mínimo vital”, que comprende servicios sociales básicos y transferencias monetarias, equivalentes en la práctica a la renta básica. La propuesta es que la cantidad otorgada sea superior al umbral de la pobreza y reemplace todas las prestaciones sociales inferiores a ese monto, sin que ello represente la suspensión de servicios y subsidios que ofrece el Estado. Un proceso Constituyente nacional permitiría actualizar nuestro pensamiento social, en el sentido inaugurado por Ricardo Flores Magón.
