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MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

SemMéxico

En meses recientes, prácticamente desde que la abogada Arely Gómez asumió el cargo de Secretaria de la Función Pública, se ha vuelto frecuente que la oficina de prensa de esta dependencia difunda casos de funcionarios públicos requeridos o sujetos a proceso, en principio, administrativo, y de otros de quienes se dio vista a la Procuraduría General de la República, por su presunta responsabilidad en actos de Corrupción.

Lo recurrente es que sean funcionarios de Pemex los involucrados, en mayor número, en revisiones cuyo resultado es que no cuadran sus movimientos patrimoniales con sus percepciones salariales. Y lo mismo se habla de 10 que de 80 millones de pesos, incluso de mayores cantidades, que evidencian actos de corrupción.

Porque, de qué forma puede explicarse que un funcionario público, por más que perciba una alta remuneración, digamos cien o doscientos mil pesos mensuales, de pronto tenga cuentas bancarias de varios ceros y un nivel de vida discordante con sus quincenas y bonos.

La única forma de amasar fortunas en el sector público, no es por la vía salarial ni siquiera con bonos y compensaciones. Se puede tener una vida holgada y sin sobresaltos, pero de ahí a contar hasta con colecciones de arte, yates y casas de descanso, ¡por favor!

Casos hay muchos, como ejemplos de impunidades, miembros de esas camadas de nuevos ricos paridos en cada sexenio o trienio. Negocios hechos al amparo del poder, fortunas resultantes del tráfico de influencias y el abuso de atribuciones.

Por eso llama la atención que la Secretaría de la Función Pública, en esta administración de la abogada Arely Gómez, se haya comprometido con la investigación de denuncias y de evidentes cambios de status social de ciertos funcionarios, cuyos nombres no se citan en los comunicados, por elemental reserva de las investigaciones y el llamado debido proceso.

El problema en este tipo de información, es que se torna poco creíble cuando no se le considera sólo como el maquillaje de una aparente aplicación de la justicia.

Quiero quedarme con la impresión de que, más temprano que tarde, por ahí aparecerán los nombres de personajes de la política nacional aprehendidos y consignados para responder por delitos de cuello blanco.

Y sabe usted por qué. Porque hay una imperiosa necesidad de lavar la cara a este gobierno, señalado frecuentemente como apático en la aplicación de la justicia y consecuente con los amigos de la cúpula del poder, e incluso con los mismos integrantes de esta cúpula que nada han hecho para defenderse. Y, reza la máxima, el que calla, otorga.

Porque, salvo una mejor opinión, no se puede generalizar a una administración llamándola corrupta porque algunos de sus integrantes lo son. El punto ha sido la impunidad. Y mientras no exista una justa aplicación de la ley, por encima de hermandades y compadrazgos, el mal endémico de la corrupción será perenne.

Ojalá y lo que ocurre en la tarea de la Secretaría de la Función Pública y, ahora, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que destituyó del cargo de jefe delegacional en Venustiano Carranza a uno de los prohombres del perredismo en la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera, por desacato a un laudo laboral.

Israel y su hermano Julio César, quien fuera jefe delegacional en Venustiano Carranza en 2006, son ejemplo de esa riqueza amasada bajo el amparo del poder. A esa jurisdicción de la capital del país la hicieron coto familiar, literalmente porque en la nómina delegacional abunda el apellido Moreno y, bueno, también el Rivera.

Aduce Israel, en su defensa, que cumplió con todo lo que el máximo tribunal del país le requirió, menos la expedición de nombramientos de verificadores, porque ello es competencia de otra instancia del gobierno capitalino.

Hasta ayer martes la Corte no había notificado a Israel Moreno Rivera de su destitución, más ese es un procedimiento elemental. Pero, en vía de mientras, dijo que renunciará al cargo para enfrentar los cargos que se le imputan.

Pero, mire usted, junto con este personaje va de la mano su antecesor en la delegación, el hoy diputado local Manuel Ballesteros, de cuyo caso la Corte dio vista a la Procuraduría General de la República para proceder al desafuero y que responda por los mismos cargos imputados a Moreno.

Claro, claro, ambos se llaman sorprendidos e incluso refieren que sus casos tienen tintes políticos. Pero, vaya, si así fuera, lo cierto es que hay elementos legales que acompañan a una decisión política que abona contra la impunidad.

Conste.

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