Alejandra Hernández * /Presunción de Inocencia
La falta de un diagnóstico integral sobre el desempeño de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia en México representa un vacío de información crítico: ¿Cómo medir el impacto del Nuevo Sistema de Justicia Penal si desconocemos la calidad con la que actúan el ministerio público, las policías, los peritos y los asesores jurídicos?
En este contexto, un grupo de abogados realizó una auditoría social a las fiscalías regionales de Morelos, estado con más de nueve años de experiencia en dicho sistema, con el objetivo central de generar información sostenible sobre cómo se investigan dos de los delitos con mayor impacto social: Robo y homicidio.
El examen de 811 expedientes criminales iniciados de 2005 a 2015, apunta de forma contundente que el ministerio público y la policía de investigación siguen ejerciendo prácticas nocivas heredadas del sistema anterior.
Es decir, que la procuración de justicia no ha mejorado sustancialmente e imperan aún, por ejemplo, las investigaciones «de escritorio», la búsqueda simulada de testigos, la omisión de actos de investigación y el archivo indiscriminado de denuncias.
Además, aunque reside en el Ministerio Público la conducción de la investigación, la evidencia muestra que su actividad es limitada y poco efectiva, lo que resulta en el alto nivel de impunidad ya conocido por la ciudadanía. En general, mediante machotes ambiguos y genéricos, este solo ordena la realización de dos actos de investigación: el Informe policial de investigación y los dictámenes periciales. Pero no utiliza luego los resultados para proseguir la investigación e incluso suele omitir las aportaciones de las personas víctimas sobre los hechos, quiénes los presenciaron y la identidad de quienes los habrían cometido.
Aunque reside en el Ministerio Público la conducción de la investigación, la evidencia muestra que su actividad es limitada y poco efectiva, lo que resulta en el alto nivel de impunidad ya conocido por la ciudadanía
Aunado a lo anterior, el acceso a la justicia de estas personas es obstaculizado por el reducido número de asesores jurídicos que participan en una carpeta de investigación, lo cual se agrava aún más porque los pocos asesores designados no tienen una participación sustantiva en el desarrollo de la investigación ministerial, no regulan el actuar del Ministerio Público ni lo fortalecen.
La apuesta por una mejora estructural en la procuración de justicia requiere mucho más que el cambio de reglas procesales y la construcción de salas de audiencias. La información disponible hasta ahora[1] solo nos permite dimensionar los problemas de seguridad e impunidad que enfrenta México. No obstante, entender las causas de tales desafíos es el primer paso obligado hacia el diseño de una política pública comprometida con la reducción de la impunidad y las investigaciones criminales de calidad.
[1] Datos sobre incidencia delictiva publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las encuestas de victimización y percepción de la inseguridad del INEGI, las estadísticas que emiten las procuradurías, fiscalías y tribunales estatales y el nivel de recursos invertidos en la procuración e impartición de justicia.
*Es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, y puedes contactarla vía @_alehg.
