Prevalecen la falta de cifras e información sobre hijas e hijos de mujeres asesinadas que están en indefensión en el país

Ciudad de México. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presentaron el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, explicó en un comunicado que 26 entidades federativas aportaron información, la cual reveló que hay 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, pero las cifras son sólo de enero a diciembre de 2019. No se dio a conocer más información de años anteriores, pese a que el feminicidio en México empezó a documentarse en Ciudad Juárez, en la década de los 90, y posteriormente se tipificó como delito a nivel federal en 2012.

En una investigación publicada el 8 de marzo de 2017 por Cimacnoticias sobre el tema, se destacó la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas.

De acuerdo con los datos de esta investigación, de las instancias consultadas, algunas que ahora participaron en la elaboración del Protocolo, únicamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) proporcionó información al señalar que tenía el registro de 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años (de 2014 a 2017).

Pese a que México también tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de 3 mujeres conocida como “Campo Algodonero”, en la que señaló la obligación del Estado de reconocer como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas, a 11 años de la sentencia es que se presenta este Protocolo.

“Austeridad”, una violencia que no cesa y las víctimas indirectas

A poco más de una década de esta sentencia de Campo Algodonero, lejos de disminuir la violencia de género, se incrementó. Así, pasó de 6 asesinatos diarios de mujeres y niñas registrados de 1999 a 2005, por la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos en la primera investigación que realizó sobre violencia feminicida en México; a 11 diarios.

Cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, demuestran que de enero a mayo de 2020 se cometieron mil 608 asesinatos de mujeres (entre feminicidio y homicidios dolosos), un promedio de 10.79 por día, la mayoría de las víctimas es asesinada a manos de sus parejas, familiares o conocidos.

Pese a que las cifras de asesinatos dolosos contra mujeres se cuentan por miles desde hace años, a la fecha no se cuenta con un registro de cuántas niñas, niños y adolescentes son hijos de estas víctimas.

En la presentación del Protocolo, la titular del Sistema Nacional Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, afirmó “que en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado tiene el compromiso de visibilizar a las hijas y los hijos de las víctimas, por lo que el Protocolo tendrá que prever la articulación interinstitucional que considere cuatro garantías de protección integral: el derecho a la protección, a la ayuda, a la asistencia y a la atención”.

Cabe recordar que en reiteradas ocasiones López Obrador ha minimizado la violencia de género con declaraciones como que “el feminicidio es consecuencia del neoliberalismo y la pérdida de valores; la solución está en la Cartilla moral y hasta en la Iglesia”; o al decir que las llamadas al 991 por violencia familiar son falsas. El 15 de mayo de 2020 el mandatario federal dijo:

“ el 90 por ciento de estas llamadas que te sirven a ti de base son falsas (…) la mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la encargada del Instituto de Atención a las mujeres (sic), Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema”. O al afirmar que la violencia no existe porque las familias son solidarias.

La titular del Inmujeres, Nadine Gasman, agregó que el Protocolo “ha servido para conocer lo que necesitan las niñas y los niños huérfanos por feminicidio, para que las instituciones se puedan transformar y dar una respuesta precisa, dejando a un lado la burocracia y vincularse con las víctimas indirectas que habían quedado atrás”.

No obstante, la presentación de este Protocolo se da en medio de los recortes presupuestales a instancias encargadas de atender la violencia como parte de su decreto de medidas de austeridad anunciadas el pasado 23 de abril, que se reflejaron en el recorte, en días pasados, al Inmujeres, o a los Refugios que atienden a víctimas de violencia con sus hijas e hijos, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana que también atienden a mujeres indígenas en situación de violencia, a las Alertas de Violencia de Género para 7 entidades, o a los Centros de Justicia para las mujeres.

El Protocolo es el resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las “Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas”, en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales (mismas que dijeron desconocer estos datos a esta agencia cuando se realizó la investigación).

Finalmente, se informó que en colaboración conjunta con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) se afinará el Protocolo para presentar su versión final que será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación a nivel nacional.