Urge que el secretario de Desarrollo Social federal dé la cara y aclare la situación, exige líder de productores

Si realmente el presidente Enrique Peña Nieto está interesado en la compra creciente de leche fluida fresca para programas sociales, “los productores le tomamos la palabra”, señaló Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.

Los más de 11 mil pequeños y medianos productores de leche proveedores de  Liconsa, estamos dispuestos a apoyar la iniciativa presidencial de atender con mayor intensidad el programa de lucha contra la pobreza y la desnutrición.

Hace pocas semanas el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, hizo pública una noticia que, en principio, los ganaderos lecheros recibimos con gusto:  “…los programas sociales del gobierno federal, no resultarán afectados por los recortes del presupuesto”.

Por otra parte, el director general de la empresa Liconsa -sectorizada en Sedesol- Pablo Ramírez Puga, dispuso reducir las compras de leche fluida en un 30 por ciento, lo cual condena a la quiebra a productores que año con año venían entregando su producto a la empresa y ahora, de “manera despiadada”, desplaza la leche fresca y con todos sus ingredientes, y la sustituye por leche rehidratada, sin crema, porque ésta la venden aparte, para beneficio de productores “que ni conocemos”.

Estas señales encontradas, de que el presidente Peña dice que se dé prioridad a la leche de productores mexicanos, el titular de Sedesol, afirma que no habrá recortes a programas sociales y la administración de Liconsa toma una medida contraria y drástica, lo que ha cundido en el desánimo de los compañeros productores de leche, afirmó Álvaro González.

Estamos seguros que, ahora mismo, en la medida en que ha aumentado el valor del dólar en su paridad respecto del peso, costará más caro importar leche en polvo, lo cual abre posibilidades de que los ganaderos mexicanos resultemos beneficiados, y en esta acción podrán ser incluidas las amas de casa beneficiarias del programa de abasto social.

En estas condiciones, añadió Álvaro González, “urge que el Secretario Meade dé la cara y  aclare por qué se compró la leche de importación más cara –hasta en 10 mil pesos más-- que al precio que se cotizaba internacionalmente. Sobre todo cuando se esperaba que bajara aún más de precio, según los expertos y por qué la Crema (la grasa que se extrae a la leche fluida que compra a productores nacionales) se vende mucho más barata que como se comercializa en el mercado.

Añadió que “los riesgos de los tratados comerciales, no tenemos por qué asumirlos los productores de leche. Lamentamos que la Secretaría de Economía no ponga el cuidado en la calidad de la leche que se importa, porque es de segunda o tercera clase: la leche en polvo que se vende a México es descremada “ya no cuenta con sus principales ingredientes nutritivos”. Esto significa que es de “mala calidad”, apuntó.

Es muy importante que Liconsa mantenga el precio y los volúmenes de compra. Y de la misma forma realice y cumpla los acuerdos con los productores, con información clara y transparente, que no confunda a los productores. “A la fecha, añadió, lo acordado de que no habría recortes, éstos siguen sin parar”.

En cuanto al manejo de recursos, Alvaro González señaló que es increíble el déficit de recursos fiscales para pagar la leche a los productores, y sostuvo que, en el hipotético caso del recorte, por 542.5 millones de pesos, se compensa con el aumento al litro de leche al público, de un peso. En julio del 2015, costaba $4.50 el litro. Ahora vale $5.50. Esto significa que Liconsa tuvo un ingreso adicional de 800 millones de pesos respecto del presupuesto asignado.

“La diferencia entre 800 millones de pesos por el aumento del precio por un peso, y el recorte de 542.5 millones, lo compensa de forma satisfactoria, con un sobrante de alrededor de 257.5 millones de pesos, que no sabemos dónde se encuentran”. Esto suponemos que es una tarea de la Secretaría de la Función Pública.

Solicitó al secretario Meade establecer compromisos con los productores de leche, para que los funcionarios de Liconsa no tomen represalias que les afecten, como ha venido sucediendo con amenazas de que si protestan ya no les van a recibir su leche, y que se dejen de inventar que la leche no reúne las condiciones de calidad. Que esto lo determine una autoridad, porque Liconsa se ha convertido en juez y parte.