México, D. F. Entrega la Red Nacional relatoría a la CIDH durante su visita en la cual contabiliza también 36 asesinatos
Allanamientos, amenazas, desplazamiento forzoso, hostigamiento, incomunicación, entre los atropellos
SEMMéxico. Entre 2010 y 2014 la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 615 agresiones contra defensoras: 118 agresiones en 2012; 189 en 2013 y 308 agresiones en 2014, entre los cuales se cuentan 36 asesinatos.
Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la RNDDHM integrada por 103 organizaciones no gubernamentales de 24 entidades del país, entregó un carta al secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, en la que señala que han emitido 17 comunicaciones públicas para visibilizar las agresiones a las defensoras de derechos humanos.
De ellas, 12 fueron cartas a autoridades y cino comunicados en respaldo de manera directa a un total de 40 defensoras, ocho de las cuales son periodistas: Sanjuana Martínez, Carmen Aristegui, Jade Ramírez, Susana Leticia Arellano Narváez; Claudia García Fragoso, Teresa Cárdenas García, Verónica Espinosa y una periodista cuyo nombre está en el anonimato debido a que fue agredida sexualmente.
Los pronunciamientos públicos permitieron visibilizar las agresiones contras defensoras de derechos humanos en 13 diversos estados: Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Distrito Federal, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y Guanajuato.
Algunas de las agresiones fueron allanamiento a casa, allanamiento a oficinas de las organizaciones, amenazas de agresión física y de muerte, criminalización, desplazamiento forzoso, hostigamiento, incomunicación, intento de allanamiento, intervención de correo electrónico personal, intimidación, persecución, seguimiento, tortura psicológica y tortura sexual, así como vigilancia de casa. Muchas de estas agresiones tienen como consecuencia el desplazamiento forzado, el exilio.
La RNDDHM, junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) de la que forman parte, informaron que desde 2010 han documentado las agresiones contra las mujeres que defienden y promueven los derechos humanos en México.
“El registro que hemos iniciado se ha hecho necesario ante la falta de registros oficiales que permitan saber cuál es la situación que viven las defensoras en nuestro país, y si bien existe un subregistro derivado de dicha omisión, el registro con el que contamos en la RNDDHM nos ha permitido conocer, hacer visibles y acompañar a defensoras en riesgo por la labor que realizan”, precisan en el documento.
Especifican que como las defensoras sufren de forma distinta los mismos ataques, sin embargo, añaden hay riesgos específicos por ser mujeres, como: amenazas de violación sexual, campañas de difamación y desprestigio con leguaje sexista y machista, violación sexual, amenazas de atentar contra nuestros hijos e hijas, así como acoso y hostigamiento a través de las redes sociales, con mensajes e imágenes “con connotación sexual”.
En la carta también refieren que las agresiones provienen de distintas esferas de las que reciben los hombres defensores, es decir, desde el ámbito privado hasta el ámbito de lo público: las defensoras nos enfrentamos a contextos de discriminación, desigualdad y violencia efectuada por familiares, pareja, comunidad, autoridades, empresas, crimen organizado, medios de comunicación e incluso al interior del movimiento social.
Casos específicos
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México apunta que algunos de los casos específicos visibilizan sólo algunas de las agresiones que enfrentan en México, en un contexto marcado por la violencia y violaciones de derechos humanos.
Nestora Salgado, defensora Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero, fue detenida ilegal y arbitraria el 21 de agosto de 2013, luego de un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, Guerrero, sin que se le mostrara orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente, ni se le informara de las razones de su detención.
A dos años, Nestora Salgado continúa en prisión, pese a las medidas cautelares de la CIDH, a través de las cuales se ha reconocido que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal.
Actualmente la defensora incrementa el deterioro de su salud como consecuencia de su detención, las condiciones en las que se encuentra y restricciones al interior del penal como el impedimento de tomar el sol, aire, la falta de suministro de medicamento adecuado, falta de estudios médicos, ausencia de terapias de rehabilitación que atiendan la neuralgia que padece, entre otras.
Otro caso es el de Martha Solórzano, Presidenta de la “Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C.”, de San Luis Río Colorado, Sonora, quien ha denunciado corrupción, violaciones de derechos humanos cometidas por policías municipales y estatales en esa población, incluyendo tortura.
Por haber hecho públicos esos abusos, la defensora ha sufrido campañas de difamación y desprestigio, amenazas, allanamientos y la detención arbitraria de su hijo Jorge Arturo Zavala Solorzano, acusado por policías municipales, a los que previamente Martha Solorzano había denunciado. Jorge fue liberado el 14 de febrero de 2015, mediante dos sentencias que confirmaron la creación de delitos por parte de los policías.
Actualmente, a pesar de ser beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de SEGOB, la defensora continúa siendo agredida. El pasado 27 de agosto fue detenida arbitrariamente por policías municipales, quienes la agredieron física y verbalmente luego de que grabara evidencias de policías que esculcaban un carro.
La omisión y minimización del riesgo de la defensora por parte del Mecanismo de Protección coloca a la defensora en mayor vulnerabilidad y riesgo de ser objeto de nuevas agresiones por parte de las mismas autoridades municipales de su localidad.
Jaqueline Santana, que recide en el Distrito Federal fue detenida arbitrariamente el 15 de noviembre de 2014, su detención estuvo vinculada a su activismo y exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014. Jaqueline permaneció en prisión durante ocho meses y fue puesta en libertad el 10 de julio de 2015.
Días después de su liberación fue objeto de nuevas agresiones en su contra como: seguimiento, espionaje, vigilancia y hostigamiento en redes sociales, debido a dichas agresiones tuvo que desplazarse de manera forzada para salvaguardar su vida e integridad física y emocional, lo que ha mermado su activismo y atentado contra su derecho a defender los derechos humanos y su libertad de expresión.
Sandra Peniche Quintal, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C. (SHSSR), de Yucatán, es defensora de los derechos sexuales y reproductivos ha enfrentado actos de intimidación y hostigamiento por la labor en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres en esa entidad.
Grupos de personas se han reunido frente a las instalaciones de la organización llevando a cabo consignas contra la labor que llevan a cabo las defensoras, incluso han obstaculizado su labor con mantas contra el aborto y/o que señalan a las defensoras como delincuentes, usando un leguaje que estigmatiza su labor. Aunado a ello, los servicios que presentan para hombres y mujeres se han visto afectados, impactando de manera directa y negativa en la salud de muchas personas.
Flor Irais Maldonado Goche y Rosa Elva López Mendoza, integrantes de Desinformémonos y revista Contralínea, respectivamente, en la capital del país, sufrieron el allanamiento de su domicilio el pasado 8 de septiembre de 2015. La puerta de una de las recámaras fue violada y de esta habitación fueron extraídos documentos periodísticos y dos computadoras de la propiedad de la periodista Flor Goche.
Una de estas contiene los archivos de las investigaciones periodísticas que realiza, entre ellas una serie de reportajes sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas en el marco de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ambas periodistas cuentan con las medidas cautelares 252-14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas a las y los integrantes de la Revista Contralínea en julio de 2014 a raíz del allanamiento a las oficinas de este medio de comunicación, y son beneficiarias del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, esto no garantizó la atención pronta y necesaria por parte del Mecanismo. Si bien la periodista Flor Goche accionó el botón de pánico que le fue otorgado, éste sólo vibró pero no funcionó, la periodista repitió la operación un par de veces, presionando el botón hasta por 10 segundos, pero nadie respondió a su llamado.
Las periodistas presentaron su denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, instancia que hasta la fecha no ha elevado a rango de averiguación previa, el acta circunstanciada que inició (149/FEADLE/2015).
Aleida Quintana es integrante del Grupo Interdisciplinario Tékéi, Querétaro. Ella ha documentado y acompañado a familiares de personas desaparecidas en Querétaro. La defensora ha registrado diversas agresiones vinculadas a la labor que realiza, como seguimiento, intervención telefónica, campañas de difamación y desprestigio.
Además de actores desconocidos, ha sido agredida por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Querétaro, quienes a través de actos de hostigamiento han intentado violar su derecho a la libertad de expresión, así como su derecho a socializar, documentar y comunicar la situación que prevalece en el estado en relación al elevado número de casos de personas desaparecidas documentadas a partir de solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como las violaciones a los derechos humanos y omisiones por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia en los casos desaparición.
Alma Angélica Barraza Gómez, ha acompañado a a comuneros y comuneras en Sinaloa, afectados por la construcción de la Presa Picachos, quienes luchan por una indemnización justa de las tierras que les fueron arrebatadas; la construcción de viviendas dignas y la garantía de servicios públicos de calidad. Ella ha sido objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos, incluida la criminalización en su contra.
Evidencia de ello es la detención arbitraria realizada a la defensora el 10 de febrero de 2013, hechos en los que fue privada de su libertad por policías ministeriales, quienes la despojaron de dos teléfonos celulares que contenían información importante para la defensa de las y los comuneros, tales como videos y fotografías.
Posteriormente, el 5 de abril de 2013 fue detenida arbitrariamente por policías ministeriales y recientemente ha enfrentado una campaña de difamación y desprestigio en los medios de comunicación, en los cuales se le ha acusado de pertenecer a la delincuencia organizada.
La Red también expuso el caso de feminicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Bonilla, ocurridos el pasado viernes 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México.
Los feminicidios y el asesinato del periodista no son hechos aislados, por el contrario, expresan el agravamiento del actual contexto de hostilidad, agresiones y criminalización que enfrentan las defensoras de derechos humanos y periodistas en México.
Cabe mencionar que Nadia Dominique Vera y Rubén Espinosa compartían espacios de denuncia y habían documentado casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el Estado de Veracruz.
Ambos, en fechas distintas, se habían desplazado a la Ciudad de México debido a la persecución, amenazas, agresiones y el hostigamiento que sufrieron en Xalapa, capital del Estado de Veracruz. Pese a ello, las agresiones en su contra han sido fatales y hasta la fecha no ha habido justicia para sus familias.
La RNDDHM identificó en años recientes la transformación y surgimiento de mujeres víctimas directas o indirectas de violaciones a los derechos humanos que luego de haber sufrido dichas violaciones, se asumen como defensoras de derechos humanos, como es el caso de las madres, esposas, hijas de personas desaparecidas o de presas y presos políticos en el país, en este último caso, además de lo que implica la prisión de sus familiares, se enfrentan a otras agresiones como su denigración que atenta contra sus cuerpos al acudir a los penales; campañas de difamación y hostigamiento por exigir la libertad de sus familiares y visibilizar la prisión política en nuestro país, entre otras.
Tal es el caso de Yolanda Barranco, integrante del Comité de Familiares y Amigos por la libertad de Damián Gallardo Martínez (Oaxaca); Eva Lucero Rivero Vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) y quien exige la libertad de tres preso políticos de la UCIDEBACC, Librado Baños, Teófilo García López y Felipe Rojas Ordunio (Oaxaca); así como defensoras comunitarias como Agustina García, quienes exigen la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) presos desde 2013 (Guerrero), entre otras.
La impunidad en la mayoría de las agresiones contra las defensoras es una constante, se carece de investigaciones eficaces, que den con el paradero de los autores materiales e intelectuales de tal forma que exista una sanción a los responsables y la debida reparación del daño para las defensoras y sus familias. Y consideraron que dicha impunidad envía un mensaje de permisibilidad que alienta la continuidad de las agresiones contra las defensoras.
Actualmente diversas defensoras de derechos humanos en México cuentan con medidas cautelares de la CIDH y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, esto no ha redundado en su efectiva implementación, seguridad ni en el cese de las agresiones en contra de las defensoras.
Un ejemplo es el caso de la defensora Luz Estela Castro Rodríguez, Directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), a quien el pasado 23 de junio de 2015, la CoIDH reiteró las medidas provisionales a su favor a través de la resolución: Caso /-Asunto Castro Rodríguez/REF: CDH-S/983 en la que resolvió que el Estado Mexicano debe “mantener las medidas adoptadas, así como implementar de manera inmediata las medidas que sean necesarias y efectivas para proteger a la defensora, lo que evidencia la permanencia de riesgo y falta de garantías para que ella y su organización puedan continuar su labor en condiciones de seguridad.
El contexto actual evidencia una vez más la necesidad de contar con mecanismos de protección integrales con perspectiva de género y etnicidad que pongan de relieve las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres; que tomen en cuenta que los impactos y consecuencias son diferentes para las defensoras; que las defensoras participen desde un inicio en el diseño de las medidas de protección que necesitan; que sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación de dichas medidas, las cuales además de la defensora incluyan a la familia, en particular a los hijos e hijas; coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para no generar revictimización a las defensoras; asignación de recursos específicos para la transversalización de los mecanismos de protección; personal capacitado, entre otras.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México saludó la presencia de la CIDH en México y deseó que la observación y documentación hasta ahora recogida pueda verse reflejada en el informe sobre la visita.
En ese sentido, exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visibilizar de manera particular la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y hacer las recomendaciones necesarias al Estado Mexicano que abonen a la exigencia de garantías de seguridad y del ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos.
