Autoridades, primeras responsables de salvaguardar garantías individuales: CEDHZ

Consejo y Observatorio Ciudadano lamentan apatía social

 

TERESA MORALES DUKE/ EXPRESS ZACATECAS

El operativo Alcoholímetro viola el derecho al libre tránsito de las personas, y actualmente, al incorporar el sistema de videocámaras, sin las garantías de privacidad y protección de datos personales, atenta doblemente en contra de garantías fundamentales de los ciudadanos, señaló  el ombudsman de Zacatecas, Arnulfo Joel Correa Chacón.

Simultáneamente, sin embargo, se invoca el derecho a la vida de los ciudadanos, puesto en riesgo por conductores que manejan en estado etílico, reconoció Correa, así como el presidente del Observatorio Ciudadano, Juan Enríquez Suárez del Real y la presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, Susan Cabral Bujdud, últimos dos, quienes supervisaron directamente el dispositivo.

Las autoridades justifican la mano dura contra las personas que conducen en estado de embriaguez, debido a la alta incidencia de accidentes automovilísticos, que colocan a la entidad zacatecana en el primer lugar del país en número de fallecimientos por dicha causa. Hasta 8 mil pesos tendría que pagar un conductor en dicha circunstancia, podría ser remitido ante el Ministerio Público y para recuperar su automóvil deberá pagar grúa y estacionamiento de varios días ya que corre el fin de semana y son días inhábiles.

La Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTV) comenzó a utilizar en las últimas semanas cámaras móviles en el operativo. Agustín Jaime Ortiz Arellano, titular de la DTTyV, informó en su momento que son un apoyo que proporcionará el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación (C4) del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Invitados al programa Los Periodistas, de Radio Zacatecas (97.9 FM), para abordar el tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CEDHZ), aseveró que la autoridad es la primera responsable del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Juega el papel preponderante, conforme a las atribuciones constitucionales, ninguna otra entidad u organismo, enfatizó.

Enríquez y Cabral, respectivamente por el Observatorio Ciudadano y el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, pusieron el énfasis en la responsabilidad de cada una de las personas, y en varios momentos lamentaron la apatía pública por asumir obligaciones no solo porque “se les hace fácil manejar alcoholizados”, sino en general, por la reticencia a involucrarse y participar en los asuntos de interés común.

Tanto Enríquez como Cabral, asistieron, invitados por el director de Tránsito, Agustín Jaime Ortíz, al relanzamiento del Alcoholímetro, ambos, dijeron, para constatar su correcta aplicación, conocerlo a fondo, incluso preguntar en caso de dudas y ver de manera directa cómo se examina a los conductores.

La CDHEZ, en cambio, se ha alejado de la aplicación del dispositivo que se realiza los fines de semana entre la noche y la madrugada, mientras que años atrás sí tenía visitadores presentes. Actualmente no se involucra porque no lo avala y “porque no puede estar en todos lados ante falta de personal”, según sostuvo Correa Chacón durante el programa.

Insistió a la Dirección de Tránsito del estado, que está obligada a cumplir con la normatividad, que aplique la medida con apego a la legalidad, sin vulnerar derechos fundamentales. Cedió un tanto, en que si no hay otra alternativa que el alcoholímetro, no debe violentar los derechos humanos, y que existan las medidas que los protejan.

INSTRUMENTOS Y LABORATORIO CERTIFICADO

Concretamente, reconoció, que en cuanto al derecho al libre tránsito no se han tenido quejas de ciudadanos, y en general es bajo el número de denuncias en contra del alcoholímetro, más que nada porque no existe la cultura de la denuncia, consideró.

No obstante, informó, ya hubo algunas quejas de personas que argumentan arbitrariedad del personal que aplica el alcoholímetro, pues aseguran que a pesar de no haber ingerido bebidas embriagantes dieron positivo en el examen que se les aplicó.

Comienza el primer problema, expuso el ombudsman, porque para resolver el entredicho entre Tránsito y el quejoso, se requeriría un laboratorio certificado, que pudiera hacer un antidoping y el registro de los niveles de alcohol.

“El problema es que no tenemos un laboratorio certificado, no hay la certeza como para poder afirmar el nivel de confiabilidad de los instrumentos que utiliza la corporación para la medición de los niveles de alcohol que presenta el sujeto”, explicó.

Esta situación se ha presentado con frecuencia y el ciudadano queda en la indefensión porque no hay el mecanismo para demostrarle a Tránsito, en su caso, que no está alcoholizado.

GRAN IRRESPONSABILIDAD CIUDADANA: CABRAL

Sin embargo, la otra cara de la moneda, fue traída a la mesa de análisis por Susan Cabral, quien enfatizó en reiterados momentos que de manera amplia sino generalizada, el ciudadano de hoy incumple sistemáticamente con sus responsabilidades.

En su carácter de presidenta del Consejo antes mencionado, dijo que asistió al arranque del programa para conocer cuál era la metodología en la aplicación del alcoholímetro.

Sostuvo que al momento de estar en el operativo, hubo muchas llamadas al celular del director de Tránsito, quien decidió no contestar el teléfono, ya que, justamente, son para pedir “el favor” de que se les perdone la falta.

En ese sentido señaló, “desde ahí estamos mal”, al referirse a la vieja práctica del influyentismo, mediante el cual en reiteradas ocasiones, según testimonios, la Dirección accede a liberar al conductor ebrio y su auto.

Cabral manifestó que acudió también al Alcoholímetro ante la insistencia de que existe corrupción en la aplicación de esta medida, lo cual, precisó, involucra a dos partes, a la autoridad y al ciudadano. Si va alcoholizado, para que dar pie a dar la clásica “mordida” para que me dejen libre. No culpo a Tránsito, sino a los ciudadanos”, declaró.

En cuanto al grado de alcohol, que se mide con una pipeta, ésta se usa individualmente, relató la presidenta del Consejo, al señalar también que es “calibrada” con un aparato. Explican cómo debe aplicarse, mientras el equipo marca ceros. “Estuve en varios procesos y efectivamente salían positivos, incluso muchos transitan con las bebidas en el vehículo, y sí, estamos mal desde ahí”.

Continuó con que “me tocó ver a un sujeto que se puso muy agresivo, quién venía hablando por teléfono, lo cual no es correcto, y es necesario, justificado, sancionar, ya que incluso es más grave que cuando venimos alcoholizados”.

Sugirió una reflexión ciudadana, “porque no es justo que los que andan bien, sufran consecuencias por alguien que viene mal”, es decir que un conductor borracho o al teléfono, llegue a lesionar o a matar a personas que transitan cerca de él.

AFIRMA DTTV QUE TENDRÁ GRÚAS Y CORRALÓN PROPIO

Según Susan Cabral, el director de Tránsito, aseguró al Consejo Ciudadano que se trabaja para tener grúas y corralón propios, otro de los asuntos añejos que causan molestia ciudadana, ya que particulares hacen negocio desde hace años con el traslado y estacionamiento de autos recogidos en el alcoholímetro.

Esto, dijo, “para que todo sea transparente y no haya negocio redondo, lo cual, ha sido inconformidad constante de la ciudadanía, ya que actualmente se prestan servicios particulares para el arrastre y retención de los vehículos”.

La presidenta del organismo, señaló respecto al uso de las cámaras del C-4. “Soy fiel creyente de las cámaras. Sí están bien administradas, fueron instaladas en esa ocasión y creo que darán certeza en cuanto a la corrupción a que puede prestarse el operativo. Yo como ciudadano, si pido ver los videos, de quizás mi hijo, mi hermana, me los van a proporcionar, me dijeron que sí. Están encriptadas, nos pueden resolver algunas cuestiones”, sostuvo.

No obstante, ofreció recomendar al C 4 para que pongan el aviso de privacidad, “porque yo sí creo que van a ser de mucha utilidad y le darán certeza a la gente de que se van a hacer las cosas bien”.

Agregó que se tienen que buscar soluciones, y lamentablemente, se ve la escasa participación de los ciudadanos para informarse, para opinar, para involucrarse o aportar propuestas. Si la ciudadanía no alza la voz, no tiene acercamiento, los legisladores continuarán haciendo leyes de acuerdo a sus criterios, en alusión al Reglamento de Tránsito que está por entrar en vigor. “Eso ya no puede ser, urge la participación ciudadana”, manifestó.

“Como padres, somos pieza fundamental, dónde estamos, qué hacemos, cómo llegamos. Démosle la confianza a nuestros hijos, pero también necesitamos estar atentos. Muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde, ya cuando se accidentó. E incluso, muchas veces, no queremos verlo, aceptar que toma o se droga. Aquí el principal trabajo es para los papás”. La base es sin duda la familia, dijo Cabral. 

Consideró necesario, a fin de que se reaccione ante la problemática, en estos casos, la imposición de una multa de alrededor de 8 mil pesos, “lo que va a estar pesado, pero, y si matas a alguien?”

El ciudadano debe responsabilizarse más y comenzar a aceptar hasta qué grado comete errores. Las cámaras deben usarse adecuadamente en la prevención del delito, finalizó.

VIDEOVIGILANCIA, REGULADA POR EL IFAI

Correa Chacón, sin embargo, recordó que los sistemas de videovigilancia ya sean móviles, fijos, con sonido o sin él, están bajo toda una regulación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y debe de haber un aviso de privacidad.

“Si toman la cara de una persona tienen qué justificar cuál va a ser el uso, cómo van a manejar estos datos confidenciales, quién va a tener el almacenamiento Y el acceso. Esta información tendrá que estar al público. Debe haber la garantía para respetar los datos personales. Debe especificarse su uso, así como quién va a tener acceso al material, cuál será el aprovechamiento, la transferencia de estas imágenes, porque, es correcto, grabaste un delincuente, pero, así también a 10 personas que no lo son”, puntualizó Correa.

No nadamás es poner una cámara, sino poner el aviso y asegurar que se va a cumplir con la protección de datos personales, lo que implica muchas cuestiones legales, dijo.

Asintió que es muy bajo el número de denuncias, en cuanto a lo que se está dando en violaciones de los derechos humanos, no solo en Zacatecas, sino en todo el país.

Pese a ello, en Zacatecas, mencionó que todas las recomendaciones han sido aceptadas este año y casi todas fueron cumplidas. “Si se puede tomar como un parámetro, podríamos decir que vamos avanzando, pero aún así vemos autoridades que se tardan en rendir un informe, dilación en la Procuración de Justicia, policías municipales que lesionan a ciudadanos”, indicó, por lo que falta mucho por hacer en la materia.

AUSENCIAS DE LA CDHEZ

La defensa de los derechos humanos, corresponde principalmente a las instituciones del Estado, así lo señala el artículo 1 de la Constitución. “En el ámbito de su competencia, la autoridad, como podría ser el director de una escuela, tendrá que trabajar en la prevención de la violencia escolar, o el director de la Policía, decir cuándo se pueden usar las esposas, cuándo se puede someter con uso de la fuerza, pero cada autoridad en el ámbito de su competencia tendrá que trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos, no relegarle todo a una institución, en este caso a la CEDHZ”, reiteró el ombudsman.

Cada autoridad, en el ámbito de su competencia debe capacitar, promocionar, defender los derechos humanos y así lo dice el artículo 1 de la Constitución. La CEDHZ no puede estar en todo y hacer todo, está para garantizar el respeto a los derechos humanos, pero necesitamos que acuda el quejoso, que acuda a denunciar, abundó.

En el caso del alcoholímetro, el director de Tránsito, es el principal obligado a hacer que se respeten los derechos humanos por sus subalternos y si se van a poner cámaras, hay que ponerlas con la legalidad debida, finalizó.

OTRAS MEDIDAS POSIBLES: OBSERVATORIO CIUDADANO

Por su parte, el presidente del Observatorio Ciudadano, informó que sugirió al director de Tránsito que se dé a conocer ampliamente, los instrumentos y la calibración que se utilizan en el programa alcoholímetro, a fin de poder socializar la información entre los ciudadanos, con ejemplos claros sobre la medición de los niveles de alcohol, a fin de que haya más claridad.

Relató que el Observatorio fue invitado al lanzamiento de este nuevo operativo. “Coincidimos con el presidente de Derechos Humanos respecto a que si bien se violenta un derecho constitucional, aquí hay qué ponderar el derecho a la vida. En Zacatecas, somos el número uno a nivel nacional en incidencia de accidentes automovilísticos y muerte de jóvenes por esa causa, bajo los influjos del alcohol”, indicó.

Es una medida de prevención frente a estas muertes, ya que, incluso, con su aplicación han disminuido los accidentes automovilísticos, según la corporación.

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Enríquez insistió en la importancia de la participación ciudadana, porque si bien es una estrategia que busca reducir el número de accidentes, “estamos acostumbrados a manejar alcoholizados y es una medida de corrección, aunque se pueden proponer muchas más estrategias de prevención”, reconoció.

Mencionó que los padres de familia tienen mucho que aportar, puesto que va desde el permiso como padre de familia a mi hijo menor de edad, pero también tiene que respetarse en los establecimientos de diversión el no acceso y la nula venta de bebidas embriagantes, porque sí les permiten la entrada e ingerir alcohol, lo cual viola disposiciones vigentes.

El presidente del Observatorio, consideró la opción de que los dueños de estos centros, conocidos como antros, incluso en el caso de mayores de edad, también tendrían que participar con la restricción de la venta de alcohol en caso de ser necesario. “Empezar desde ahí. Va también la responsabilidad de los ciudadanos para proponer otras medidas. En los establecimientos también podría medirse el nivel de alcohol para evitar ser penalizado y multado. Idear programas como el que se realizó con taxis subsidiados. Hay que proponer opciones”, señaló.

Agregó que “tenemos derechos humanos, pero también responsabilidades como ciudadanos, entre ellas la denuncia, en lo personal y en lo social, cuando vemos que se violentan derechos propios y de los demás. Es necesario que si ingerimos bebidas alcohólicas no manejemos y se pongan en riesgo los derechos de los demás”.

SE ATIENDEN DOS INDICADORES: ROBOS A CASAS Y ACCIDENTES

Explicó que en el Observatorio se enfocan a trabajar las cifras estadísticas, en coordinación con las instancias que toman decisiones, y que a partir de ahí se puedan diseñar mejores estrategias para atacar los focos rojos. Entre los 103 indicadores delictivos y de prevención, que se consideran, solo se atienden dos actualmente, que son robos a casa habitación y accidentes automovilísticos.

En el primer caso, dijo, los robos domiciliarios, se ha identificado que suceden de día, entre semana, principalmente en Guadalupe, que es una urbe dormitorio, en colonias en que la mayoría de las familias trabajan ambos y rodeadas de otras zonas de más bajos ingresos con alta población juvenil. No tienen espacios recreativos. Así, esas colonias se patrullan más de día que de noche.

Para el también presidente de la Cámara de Comercio de Zacatecas (Canacozac), hace falta sensibilidad de las autoridades y de la sociedad, de ambas partes, con apertura para escuchar y aprovechar las herramientas del trabajo de los organismos ciudadanos, para que se cambié la vida del estado, que se pueda llegar a recibir el nombramiento de la ONU como Ciudad Segura, mencionó.

Es necesario que la gente participe, falta la cultura de la denuncia, y así no podemos avanzar, señaló por último Enríquez Suárez del Real.