Recuperar el sentido social de la Constitución Mexicana, el objetivo

CDMX a 6 de febrero, 2024.- Para afianzar el proceso de transformación de la 4T, el presidente López Obrador propuso, y envió ya al Poder Legislativo, un paquete de reformas contra-neoliberales para devolver a la Carta Magna su sentido de justicia social, producto de conquistas logradas en la Revolución Mexicana; y que gobiernos neoliberales en tres décadas adulteraron para legalizar la entrega de la riqueza nacional a particulares.

       Básicamente esa son las ideas generales de la narrativa del ejecutivo federal en su discurso de presentación del paquete de reformas constitucionales, de las que expuso clara y directamente, se buscan revertir las adulteraciones que hicieron a la Constitución los neoliberales (PRI y PAN).

        Misma línea discursiva expuso en el Teatro de la República en Querétaro la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, quien, también hizo hincapié las “reformas estructurales” en el periodo neoliberal sirvieron para legalizar el saqueo de México.

Y cómo olvidar que realmente fue así.

      En los gobiernos del PRI de: De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo y Peña Nieto; y del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón (1982-2018), se impulsaron las denominadas “reformas estructurales o de gran Calado” con las que inició el desmantelamiento de empresas nacionales y paraestatales con miras a su venta, en lo que el analista político Jhon Saxe Fernández llamó La Compra-Venta de México.

        En ese periodo se lograron reformas constitucionales que permitieron -legalmente- vender/concesionar/desmantelar: PEMEX, CFE, Ferronales, Banamex, Telmex, para permitir su venta como piezas chatarra. La explicación neoliberal, que el estado benefactor era obsoleto; las leyes del libre mercado debían prevalecer; de ahí que las empresas nacionales perdieran su sentido de existencia.

De ahí que los neoliberales se esforzaron para lograr las reformas constitucionales que les permitieran legalmente rematar el patrimonio de México.

          La cuestión aquí es que las empresas nacionales y paraestatales se crearon y consolidaron con el trabajo-impuestos de los mexicanos; no de los políticos. Se trata de una riqueza nacional que no le pertenece a ningún gobierno sino a la nación.

         Sólo por tocar un caso. A razón de las reformas de gran calado, el presidente Salinas de Gortari logró legalizar la entrega-concesión de Teléfonos de México a Carlos Slim, quien, a partir del obsequio, este “empresario-prestanombres” pasó de la noche a la mañana a ser el hombre más rico del mundo. Y no por mérito propio, sino por el robo -legalizado- de la riqueza nacional que se puso en manos de particulares.  

             También con reformas estructurales esos políticos se permitieron vender las playas, lo cual prohibía la Constitución, por ser consideradas parte de la franja de seguridad nacional. Sin embargo, en tiempos de los priistas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, líderes parlamentarios, se lograron dichas reformas e inició legalmente la venta de las playas a extranjeros y nacionales.

En fin, el paquete de reformas que envió ayer el presidente AMLO a la Cámara de Diputados, a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; fue recibido formalmente por la presidenta de la Cámara baja, la priista Marcela Guerra.

Así, en el aniversario 107 de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, emanada de la Revolución Mexicana, el jefe del ejecutivo en Palacio Nacional y la presidenta del Senado, en Querétaro, enfatizaron esa visión de regresar a la carta magna su sentido de justicia social, a través de contrarreformas.

        Y se reivindiquen los derechos a la educación gratuita, la salud, la tierra, el usufructo de la riqueza nacional y se recupere ese sentido social de nuestra constitución, ya sea en esta legislatura o la que se conformará tras la elección federal del próximo 2 de junio.